Del 25 al 28 de octubre, el paraninfo Enrique Díaz de León fue sede de la Cátedra de derecho Roberto Larios Valencia, organizada por la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
La cátedra a la que acudió una decena de especialistas e investigadores de la ciencia jurídica, tuvo como temas Los paradigmas de la justicia penal internacional y De los retos y desafíos de los juicios orales en México.
En este último tópico, el juez noveno penal del fuero común, Jaime Gómez, aseguró que los juicios orales constituyen una alternativa rápida, barata y transparente para realizar un proceso penal, pues solo cinco por ciento de los delitos ocurridos serían llevados a juicio. Con este sistema, los delitos considerados menores podrían ser resueltos por otras vías.
“El juez decidiría qué casos merecen ir a juicio y cuáles pueden ser solucionados vía la conciliación, mediación o suspensión de la acción penal, a cambio de ciertas condiciones”.
No quedarían dudas en torno a la forma en que realicen el proceso penal, pues el sistema de audiencias que opera como su fundamento, permite que durante el juicio esté presente la parte acusadora, la defensora, el juez y el público.
“Con el sistema actual, los juicios tardan hasta un año para dictar la resolución, ya que los juzgados están saturados de delitos menores. Implementar dicha propuesta ahorraría tiempo y recursos humanos y económicos”.
México y Brasil son los únicos países en América Latina que no cuentan con este sistema en sus procesos jurídicos. Sin embargo, en nuestra nación cada vez más estados buscan una reforma a sus sistemas de justicia penal. Además de Nuevo León, entidades como Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, Chihuahua y Tamaulipas pretenden implantar los juicios orales.
El consultor de la reforma para Nuevo León y Tamaulipas, Alejandro Ponce de León, mencionó que esto es producto de una necesidad –gestada desde mediados del siglo XX– de transformar la justicia penal en nuestro país y otras naciones de América Latina.
Ponce de León coincidió con Daniel González ílvarez, coordinador de asesores del programa de apoyo al Estado de derecho en México, en que la idea clásica de que todo delito debe ser perseguido con la acción penal, propicia que los juzgados estén saturados de casos que comprenden un daño mínimo a la víctima.
Esta vía permitirá “disminuir los márgenes de impunidad y atender con mayor prontitud los casos de delitos no convencionales, como los fraudes, el abuso de poder, los crímenes informáticos y los derivados de las prácticas médicas, administrativas o financieras”, subrayó González ílvarez.
Adalberto Ortega Solís, jefe de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), explicó que una vez implementada esta alternativa de juicio, economizarían los procesos penales, aunque su integración al sistema de justicia sería cara, ya que deberá invertirse en la capacitación e infraestructura necesaria.
En Jalisco, la comisión de Justicia del Congreso del Estado, junto con la Procuraduría, jueces y abogados, trabajan en un anteproyecto de ley para implementar los juicios orales. Dicha iniciativa estaría lista en noviembre de este año, para ser analizada y en su caso aprobada por los diputados locales.
