Aunque es una responsabilidad pública, que según la constitución corresponde al Estado, la Ley de seguridad pública de Jalisco establece que “cuando las circunstancias lo permitan, se podrá autorizar a particulares la prestación de este servicio…”.
En el estado las circunstancias han permitido esto, y con creces.
En Jalisco tienen autorización para operar 55 grupos de seguridad privada, pero sin portar arma de fuego; 26 de la policía auxiliar, con arma, y 40 con licencia federal.
Sin embargo, pese a que es un servicio brindado por particulares, el gobierno estatal paga los sueldos de los elementos de seguridad, recursos que las empresas reponen a la Secretaría de Finanzas.
De acuerdo con una investigación realizada por Gaceta, algunas de estas corporaciones operan con irregularidades, además de que han omitido pagar salarios de sus elementos.
La Secretaría de Finanzas admite que nueve de estas firmas tienen una deuda de cinco millones de pesos, por concepto de sueldos que no han depositado, aunque la dependencia sí ha cubierto los pagos a sus trabajadores, medida que permite subsidiar su operación.
Historia
La modesta Policía especial para el resguardo de los comerciantes del centro de Guadalajara, formada en 1920, comenzó a experimentar una transformación de tales magnitudes, que ahora constituye una floreciente industria, con servicios que, por su naturaleza, corresponden al gobierno del estado, aspecto que beneficia a exjefes policíacos, exsecretarios de seguridad pública y otros personajes influyentes.
Los grupos de seguridad son formados con personal sin entrenamiento físico ni capacitación adecuada, además de que reciben sueldos raquíticos y de que no tienen prestaciones.
Quien fuera secretario de Seguridad Pública en el estado, Efrén Flores Ledesma, afirma que los servicios de seguridad privada desarmada incurren, en efecto, en irregularidades.
Por ejemplo, no dan de alta a sus elementos en el IMSS, no pagan conforme a lo acordado en el contrato y hacen firmar documentos en blanco, mismos que validan cuando sus empleados deciden retirarse.
“Muchos elementos son golondrinos, porque estas empresas, con tal de contratar servicios, abaratan costos, de manera que pagan mil pesos quincenales, no ofrecen prestaciones ni dan capacitación. Entregan uniformes a su personal, pero no instrucciones en torno a qué deben hacer”.
Ernesto labora en una empresa de seguridad privada autorizada por el Consejo estatal de seguridad pública. Si no está entrenado para su propia defensa, menos para custodiar el lugar. Permanece ahí, como dice, “a la buena de Dios”, a quien pide que nunca ocurra algún siniestro.
Hasta ahora no ha recibido capacitación. “Solo me contrataron. Un amigo me dijo que necesitaban elementos, y me aceptaron. Me pidieron acta de nacimiento, cartilla militar y comprobante de estudios. Fue todo”.
Cobra dos mil pesos mensuales y trabaja turnos de 24 por 24 horas. Con este ingreso mantiene a cuatro hijos.
Esta es la misma historia de otros elementos de empresas privadas de seguridad que no fueron a la academia, no les tomaron las huellas dactilares ni el grupo sanguíneo, no presentaron certificado médico ni el resultado negativo del antidoping y, por tanto, no están en el Registro nacional y estatal de seguridad pública, como especifica el reglamento.
En el campo de batalla
El hombre joven y robusto cuenta: “Vine del rancho y necesitaba dinero. Un compañero me comentó que en el periódico había anuncios, así que fui a la empresa. ¿Qué papeles tiene?, me dijeron. Cartilla, acta de nacimiento y certificado de primaria. Luego me entregaron un uniforme y me enviaron a este sitio. La indicación fue: ‘Buscas a fulano y haces lo que él te diga. Cualquier problemita, nos hablas por el radio’”.
–¿Capacitación?
–En ninguna empresa en que he trabajado me han dado capacitación. Llegas, y si tienes cuerpo y papeles, ya eres de seguridad privada. No sabes ni para qué sirve el tolete o la manera de usar el gas. Si golpeas a un drogado, a un alcohólico, llega Derechos Humanos y te mete al bote.
Gana mil 800 pesos mensuales. Por sus servicios la empresa cobra ocho mil por igual periodo de tiempo.
Empresas subsidiadas
El licenciado Alfredo Rocha Muñoz, secretario ejecutivo del Consejo estatal de seguridad, informa que hay 55 empresas de seguridad, desarmadas, y 25 armadas o de la policía auxiliar.
Dice tener una base de datos con cerca de ocho mil 500 personas que laboran en seguridad privada en el estado. Además existen 40 empresas con permiso federal para trabajar en la entidad. La policía auxiliar es parte de la Secretaría de Seguridad Pública, a cuyo director fue imposible entrevistar.
El consejo debe vigilar que el reglamento de servicios privados de seguridad en el estado sea aplicado, que haya supervisión, sanciones y hasta clausura de empresas que no cumplan y que pagan para operar 12,360 pesos anuales a la Secretaría de Finanzas.
A partir de la nueva Ley de seguridad pública del estado, aprobada en 2004, es obligación realizar dos visitas ordinarias de inspección a esas empresas que venden servicios de protección y vigilancia de bienes muebles o inmuebles, así como de personas.
Mil 755 elementos de seguridad pertenecientes a 26 grupos de la policía auxiliar están en la nómina que la Secretaría de Finanzas del Estado estableció de acuerdo con la de Seguridad Pública.
Los pagos a los policías auxiliares privados son efectuados con el depósito correspondiente de los empresarios o dueños de los grupos, a la Secretaría de Finanzas, por un monto de cinco millones 300 mil pesos por quincena.
El titular de esta dependencia, Ignacio Novoa López, informa que nueve de esos 26 grupos no han hecho el pago a la secretaría. “Lo que hacemos es detener los cheques hasta que realicen el depósito, aunque cubrimos la cuota del IMSS, para evitar que den de baja a estas corporaciones”.
De acuerdo con Novoa López, ha habido quincenas en las que liberan los cheques antes de que reciban sus pagos. “Incluso hemos realizado convenios para que cubran sus retrasos en parcialidades. Es un crédito puente para que el policía no salga afectado.
“Hasta el momento, la deuda a Finanzas del Estado es de cuatro millones 200 mil pesos, de equis número de quincenas”, informa el secretario de Finanzas.
Entre estos grupos deudores está el 13, cuyo representante legal o dueño es Héctor Pérez Franco, hijo del secretario de Gobierno, Héctor Pérez Plazola. Este grupo tiene una deuda con Finanzas por un millón 200 mil pesos.
