Transparencia para los emisores

1152

La incorporación del derecho a recibir información supone un paso más al cumplimiento y desarrollo de una democracia. Si bien la información es un bien indispensable para el funcionamiento de la democracia, los medios públicos como privados, deben garantizar que los ciudadanos reciban información suficiente y adecuada.
A pesar de ello, en nuestro país no existía bibliografía sobre los medios públicos, que analizara los contenidos y presentara las formas de evaluación a éstos, hasta la reciente publicación Medios de servicio público y transparencia: análisis y medición de su desempeño.
Los autores son Fidela Navarro, licenciada en ciencias de la información (rama periodismo) por la Universidad CEU San Pablo de Valencia, España, quien además ha trabajado en el Canal del Congreso, Canal Once y la Universidad de Guadalajara, y Ernesto Villanueva, doctor en derecho y también doctor en comunicación pública, investigador de la UNAM y Conacyt, quienes se dieron a la tarea de investigar los medios públicos en México desde la perspectiva jurídica y análisis de desempeño.
Los indicadores los obtuvieron mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para descubrir las características de los medios televisivos y radiofónicos. Abordan a fondo los conceptos de libertad de expresión y derecho a la información, y la formación de opinión pública.
Analizan nueve medios de servicio público en el mundo, seleccionados por constituir ejemplos de Estados democráticos, con el fin de conocer modelos de referencia y así hacen un comparativo común y claro.
Ofrecen un repaso del marco normativo de los sistemas estatales de radio y televisión, y analizan los medios federales: Canal 22, Canal Once, Canal del Congreso, Canal Judicial, TV UNAM, Dirección General de Televisión Educativa, Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación y Notimex. Muestran 12 indicadores relativos al trabajo informativo: contenidos y producción, a la programación, publicidad, patrocinios, gestión, dirección, ambiente laboral, relación con las audiencias, sociedad e internet, y la cultura de la transparencia.
Examinan además el desempeño institucional de la Secretaría de Gobernación respecto a los medios públicos, a través del Consejo Nacional de Radio y Televisión por ser el único organismo oficial con la responsabilidad de coordinar las actividades referidas a la Ley Federal de Radio y Televisión.
En el marco de la discusión legislativa sobre eventuales reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, aspira a ser un referente fundamental en la toma de decisiones. La apuesta de la obra es sumarse al requerimiento justificado de la sociedad mexicana de tener medios al servicio de todos.

Artículo anteriorArduro Suaves
Artículo siguiente¿México ecologista?