Connivencia, tolerancia y auspiciamiento de graves violaciones de derechos humanos contra la población en México, entre 1965 y 1990, por agentes del Estado mexicano, grupos empresariales, paramilitares, escuelas aliadas en la persecución y medios de comunicación masiva; son algunas de las conclusiones del Informe final del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Fue el Estado (1965-1990), presentado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
El director del Centro de estudios para el desarrollo (CEED) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Omar Avilés González, declaró que el aparato estatal desplegó fuerzas armadas contra la población civil, es decir, contra las personas a quienes debía proteger, en una guerra del Estado represor.
“Recibimos a las víctimas, a personas sobrevivientes, a organizaciones civiles y familias, quienes se rehusan a aceptar la negativa a la verdad a pesar del riesgo que conlleva formular las preguntas que el Estado no han sabido o no han querido responder: quién fue, quién ordenó los crímenes y por qué la justicia no llega”, dijo Avilés González en el auditorio Rosario Castellanos.
David Fernández Dávalos, comisionado del Mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, resumió las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el movimiento represivo que se conoce como la Guerra sucia, Contrainsurgencia o Terrorismo de Estado.
“Fue la acción unilateral del Estado para acabar con las disidencias políticas, sociales, culturales, étnicas, sexogenéricas, para asegurar la continuidad del modelo político emanado de la Revolución mexicana”, dijo.
El especialista en derechos humanos enfatizó que el informe, a lo largo de tres mil páginas subdivididas en siete tomos, reúne entrevistas a dos mil víctimas, la consulta de archivos públicos, privados, particulares y de la Sedena, además de los informes de visitas a campos militares y sitios de tortura y desaparición.
“Este informe, que reúne las voces de las víctimas y que identifica sitios de desapariciones y tortura específicos, nos lleva a confirmar lo que siempre hemos sabido: que las víctimas siempre han tenido razón, pese a que han sido silenciadas y ocultadas”, apuntó Fernández Dávalos.
En el informe no sólo se señala al Estado mexicano, con sus diversas instituciones, como el principal responsable de las violaciones de derechos humanos, también a grupos empresariales, paramilitares, escuelas aliadas en la persecución y medios de comunicación masiva. “Se puede decir que fue el Estado por la connivencia, tolerancia y auspiciamiento de estas graves violaciones de derechos humanos”, subrayó.
Durante la investigación descubrieron patrones de desaparición que tienden una línea hasta el presente, con la represión a grupos disidentes actuales. Al señalar dichos patrones y emitir recomendaciones, el Estado cesó el financiamiento para obstruir la investigación.
Abel Barrera Hernández, comisionado del Mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, informó que en su papel de activista de derechos humanos pudo entrar al mundo de las víctimas. “De quienes lucharon contra caciques para exigir derechos a vivienda, o contra mega proyectos a hidroeléctricas que los obligaban a desplazarse de sus territorios”, informó.
El informe incluye, dijo, el testimonio y memoria de quienes lucharon por un cambio político. “Desde la lucha de la oposición política, es la oportunidad de saber qué pasó en esos años. Parte de esta riqueza es el referente histórico de las luchas que todavía traen secuelas de una política que encubre los derechos humanos, se colude con los perpetradores y atenta contra la vida de las personas desaparecidas”, reflexionó.
Barrera Hernández añadió que el gobierno federal de la administración 2018-2024 rechazó las recomendaciones y los señalamientos a actores e instituciones involucrados en la Guerra sucia. “Ellos no aceptaron lo que recomendamos y redujeron a ocho las tres mil páginas del informe; ni los testimonios de las víctimas, que siguen siendo la memoria viva de un México dolorido”, expresó.
María Guadalupe Moreno González, profesora e investigadora de la UdeG, apuntó que el informe ayuda a comprender los motivos estructurales y las prácticas esquemáticas durante el período atravesado por disidencias; un proyecto político anclado en la revolución y la Guerra fría, en plena expansión del gobierno de Estados Unidos.
“Durante décadas, la falta de investigación del pasado fue un obstáculo al derecho colectivo a la verdad por las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra sucia”, destacó Moreno González.
Precisó que aquel pasado nos alcanza en el contexto de las 135 mil personas desaparecidas, una crisis en expansión donde el Estado no puede garantizar la seguridad.
Hallazgos del Mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico
El informe final documentó graves violaciones de derechos humanos contra la población en México entre 1965 y 1990:
- 8 mil 594 víctimas del Estado
- 123 mil 34 víctimas de desplazamiento forzado
- 46 masacres
- 517 personas desaparecidas
- 591 violadores de derechos humanos
- 59 responsables institucionales
- 142 recomendaciones a 22 autoridades
