La suspensión indefinida de los procesos de evaluación docente, anunciada el pasado 29 de mayo por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y que hasta el cierre de esta edición se mantiene, significa un atropello y una ruptura con el fundamento legal, aseguró el especialista en investigación educativa de la Universidad de Guadalajara, Víctor Rosario Muñoz.
“Una suspensión de carácter unilateral de parte de la SEP sobre la prolongación o posible otorgamiento de nuevas fechas de las evaluaciones, violenta los fundamentos legales que están establecidos en la Ley del Servicio Profesional Docente, una de las leyes pilares de la reforma educativa”, afirmó el miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Dicha ley, expedida a partir de la Reforma Educativa, establece en su Artículo 7, que el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa (INEE), en coordinación con las autoridades educativas competentes, es el encargado de establecer los programas anuales y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación.
Al respecto, el INEE manifestó su desacuerdo mediante un comunicado en el que denuncia que esta determinación de la SEP no sólo es una invasión a sus atribuciones, sino que afecta a los más de 400 mil aspirantes a ingresar al sistema educativo mexicano, así como aquellos que estando dentro del sistema buscan una promoción.
Para el investigador de la UdeG, esta determinación provoca un conflicto en el magisterio, ya que en la mayoría de los estados ya se estaba trabajando sobre los nuevos lineamientos de evaluación.
“Ya había una sensibilización de carácter social, pero sobre todo de desarrollo profesional del magisterio, y esa interrupción abrupta sin mayor explicación genera un conflicto al interior del magisterio, coarta las aspiraciones legítimas de aquellas personas que querían ingresar o querían promoverse dentro del sistema educativo nacional”.
Una de las consecuencias más graves de la suspensión indefinida de los procesos de evaluación, agregó Víctor Rosario, es que impide la búsqueda de calidad en el sistema educativo, ya que impacta en la aspiración que tiene la sociedad mexicana de contar con escuelas de calidad, con profesores que aseguren prácticas educativas innovadoras.
“Trastoca la confianza al suspenderse, porque entonces de qué otros caminos estamos hablando, es un retroceso a los procedimientos que estaban establecidos por ley”.
Además se detiene la labor de otros perfiles, como observadores del proceso y aplicadores, ya que “se iba a movilizar a un número de actores para garantizar la validez de este proceso”.
El calendario emitido por el INEE contempla la evaluación de 350 mil docentes y directivos en servicio de educación básica y media superior a nivel nacional, que serían examinados por primera vez en el mes de noviembre del ciclo escolar 2015-2016.
Por otra parte, en Jalisco se requieren aproximadamente mil 300 nuevas plazas para el próximo ciclo escolar, las cuales serían otorgadas por medio del examen de oposición que sería aplicado en el mes de julio.
Sin embargo, ante esta suspensión, el Secretario de Educación Jalisco (SEJ), Francisco Ayón, anunció que hasta que no haya una nueva determinación por parte de la SEP, las plazas estarían siendo ocupadas por maestros interinos.
Evaluar para mejorar
La evaluación debe existir, y sus resultados deben servir para la mejora, afirmó el investigador Víctor Rosario Muñoz, quien funge además como director de Formación Docente del Sistema de Educación Media Superior de la UdeG.
Sin embargo, explicó que la evaluación debe tomar en cuenta aspectos particulares de ciertos sectores de la población magisterial, para que sus condiciones laborales no signifiquen una desventaja para ellos.
“Estoy hablando de profesores, que en efecto bajan 15 días de la sierra, que caminan hasta 6 horas a pie, y aunque uno lo vea tan lejano y con cierta incredulidad, son miles de maestros los que están en esa situación, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco”.
Agregó que debe haber un reconocimiento de ese contexto para generarles una propuesta de evaluación de desempeño adecuada, y considerar esos esfuerzos adicionales para que sean incorporados en los criterios de evaluación.
