Una guerra muy compleja

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Desde el principio el gobierno de Felipe Calderón abrazó la idea de la militarización como única alternativa para enfrentar el crimen organizado. Este es un error demostrado por organismos incluso internacionales. La alternativa para resolver o abatir el problema está condenada al fracaso, tanto que durante el sexenio se tiene el registro de 12 mil ejecuciones.
En Chihuahua hay más de 4 mil efectivos del Ejército en las calles, y no han disminuido las ejecuciones o el nivel de incidencia de criminalidad. Casualmente en la capital de Chihuahua, no había muchas ejecuciones, pero una vez que ingresó los niveles de violencia aumentaron.
La gente se ha acostumbrado a ver los tanques y los convoyes militares. Sin embargo, no ha mermado a un crimen organizado que no está a la vista como el Ejército, quien lucha contra un enemigo sin rostro, en una guerra que ha reconocido no terminará con el sexenio.
Ejemplo de lo anterior, es que en los últimos días aparecieron en Michoacán 12 agentes ejecutados, los cuales el Ejército desmintió fueran de sus filas, dijeron eran federales. Esto es grave porque ellos formaban parte de un grupo de inteligencia: ¿cómo fue detectado?
Esto refuerza el problema que tiene México, el de contrainteligencia, cuando partes medulares de seguridad preventiva están siendo eliminadas y exhibidos en un lugar público.
Al desaparecer el Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional (CISEN) en la administración foxista y no contar con estructuras de contrainteligencias en el país, fue vulnerada prácticamente o amenazada la seguridad del país.
De nada servirá que se manejen estadísticas en función del aparente éxito del Ejército, cuando éste trabaja en un programa represivo. Por ley, no tiene funciones de seguridad pública y debe incorporarse a las calles cuando está en peligro la seguridad nacional o cuando los cuerpos de seguridad sean rebasados.
El asunto no es la gente, sino las estructuras. El gobierno no reconoce que esta rebasada la situación de seguridad pública y tomó una medida ejecutiva, copular por encima de todo, al utilizar a las fuerzas nacionales como una forma de auxilio.
Michoacán es hoy territorio militarizado. Es una entidad seleccionada como modelo experimental en función de intereses, que repercute en la politización del problema y satanización del estado. Al final, no será frenada ni eliminada la presencia del crimen organizado, en un estado donde han sido establecidos gran cantidad de retenes sin estrategias de inteligencia para determinar quienes son los delincuentes y quienes no. Consecuencias se tienen: en zonas de tierra caliente ha habido vejaciones de mujeres y hogares invadidos sin órdenes de cateo o aprehensión.
Cómo es posible que se promueva una nueva reforma de justicia penal y, por otro lado, se utilice al Ejército y las fuerzas federales, sin la anuencia del juez ni la participación del ministerio público para la investigación de delitos y detener a las personas realmente que tienen problemas de tipo delicuencial.
Basta recordar, que tristemente tenemos en México un 01 800 denuncia, donde contesta gente del Ejército. Sólo basta que llame para que investiguen a un vecino incómodo, sea arraigado, lo desaparezcan o pueda usted ser también aprehendido al ubicar su número telefónico.
¿Donde está la ley y la Constitución?
Hace un año en una conferencia en Washington hablaba que la violencia permearía fuerzas policiales de bajo nivel, de muertes de directivos policiales, de bajas militares a gran escala. Hoy se tiene registros en algunas zonas de la República de ejecuciones de delegados y agentes del ministerio Público de la PGR, y en Chihuahua se registró el secuestro de una magistrada. Queda demostrado que con la cantidad de federales, militares y gente de alto nivel muertos, nos esperan posiblemente muertes de jueces e incluso políticos
En esta lucha contra el crimen organizado han sido olvidadas áreas estratégicas como la colaboración de la Secretaria de Hacienda, la Procuraduría General de la República o revisar el Plan Mérida para desarticular a grupos o cárteles. No es suficiente con que se diga hoy que se detuvo a un capo o líder de tal y cual grupo u organización. Estas son como las hiedras que se les corta una cabeza y aparecen dos.
El Presidente debe dejar los escenarios y no estar al frente de las menciones que constantemente se hacen de los avances del programa militar y la declaración de la guerra contra el crimen organizado. Esta tarea sería ideal la realizará el Procurador General de la República y al Secretario de Seguridad Pública. Asimismo, en base a nuestra Constitución integrar en el programa de seguridad pública al estado, al municipio y la federación como ejes articulares para la prevención del delito e investigación del crimen.
Hay que analizar la evolución de los grupos organizados en Colombia e Italia, modelos a seguir, cuando estamos en una fase de parto y alumbramiento por la que pasaron dichos países. Estamos en esa fase en la cual vamos a necesitar jueces sin rostro, requerir un cambio de estrategias contra el crimen organizado frente a los enfrentamientos al intentar aniquilar un enemigo a través del Ejército.