El pasado Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado por acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas cada 5 de junio, desde 1972, pasó inadvertido para algunas autoridades. La poca difusión destinada a este acuerdo internacional en un contexto geográfico agobiado por el irracional cambio de usos de suelo, la privatización especulatoria de sus recursos naturales y la amenaza permanente a sus disminuidos ecosistemas depositarios de la mayor biodiversidad conocida en México y el mundo, no se justifica.
En un año dedicado también por acuerdo internacional al cuidado de los bosques, y en una temporada en la que los incendios forestales han azotado de manera atípica el territorio nacional, este poco interés mostrado cobra singular dimensión si consideramos las permanentes contingencias ambientales provocadas por el vertiginoso crecimiento del parque vehicular. Principalmente en la ZMG, sede de la más notable ineptitud gubernamental para reconvertir un sistema de transporte colectivo indigno y peligroso hacia otro que junto al transporte alternativo individual como la bicicleta, desestimule el uso del automóvil.
Ni por ese día el Ayuntamiento de Guadalajara duplicó jornadas de trabajo para disminuir las emisiones contaminantes; ni la Secretaría de Vialidad se dio por aludida ante la aparición de publicidad móvil motorizada, lenta, estorbosa y contaminante.
No obstante, en el marco de esa conmemoración destacó la intervención del embajador de Cuba, Manuel Aguilera, en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, al afirmar que la gravedad de nuestro enfermo planeta es consecuencia de un modelo económico obsoleto que sólo genera más desigualdad entre las naciones al estar basado en el insolente consumismo de las sociedades más poderosas.
Nada nuevo bajo el sol, diría cualquier enterado, pero nos recordó que unos cuantos países desarrollados son responsables de más del 70 por ciento de las emisiones contaminantes del mundo. A cuyos gobiernos les ha importado poco haber horadado la capa de ozono que afecta a naciones lejanas y pueblos ajenos a los beneficios de sus rentables industrias.
“De hecho, como sabemos, los Estados Unidos de América no sólo son el principal responsable de ese fenómeno, sino que se han negado sistemáticamente a firmar el protocolo de Kyoto que compromete a los principales responsables a ir saneando la biósfera que nos pertenece a todos”, sentenció el embajador.
Se trata, pues, de un sistema global que afecta más a los países en desarrollo como el nuestro, donde la impunidad, la corrupción y el enriquecimiento insultante se combinan al permitir fenómenos como la contaminación y sobreexplotación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago o donde industrias mineras como Peña Colorada acaban con esteros, manglares y mantos freáticos en los estados de Jalisco y Colima sin que nadie lo impida; además que los especuladores inmobiliarios cuentan con el apoyo de la fuerza del Estado para apropiarse de riquezas naturales y playas como Tenacatita, Chalacatepec y la mayor parte de Puerto Vallarta.
En todo caso, y más allá de cualquier posición ideológica, no podemos sino estar de acuerdo con la conclusión de Fidel Castro —mucho antes que la de Al Gore— frente a la comunidad económica internacional en 1992, cuando advirtió el inminente calentamiento global y la necesidad impostergable de declarar a la humanidad “una especie en peligro de extinción”.
