Los bienes incautados a grupos de la delincuencia podrían financiar un fondo económico para resarcir el daño a los afectados por narcobloqueos o disturbios generados en plena “guerra contra el crimen”, propone el investigador de la Universidad de Guadalajara, Dante Haro Reyes, quien considera que una gran deuda histórica del Estado mexicano para con las víctimas es crear mecanismos efectivos que puedan reparar el daño patrimonial que generan este tipo de eventualidades.
En Jalisco, donde se han dado en varias ocasiones este tipo de agresiones al patrimonio —la más reciente el 1º de mayo—, la mayoría de los afectados que perdieron bienes por las actividades criminales, no han tenido resarcimiento, sobre todo porque casi ninguna póliza de seguros cubre actos de terrorismo y las autoridades no tienen presupuesto para esos fines.
“Se impulsó desde hace un par de años un movimiento para redignificar a las víctimas. Es una obligatoriedad que tiene el Estado mexicano de otorgar seguridad a sus ciudadanos y de alguna manera hacerse cargo de daños colaterales. En ese caso, aunque se publicó a nivel nacional la Ley General de Víctimas el año pasado, hace falta un fondo con recursos destinados a la reparación del daño, que en ocasiones tiene que ver con pérdida de vidas humanas o con pérdida de patrimonio. Hace falta aceitar mucho la maquinaria para esta reglamentación”, indica Haro Reyes, quien también forma parte de la Asociación de Victimología de España.
En aquel país, detalla, a raíz de los daños que causaron los terroristas de ETA en el Estado vasco, también hay una corriente de pensamiento en favor de apoyar a través de indemnizaciones a las víctimas que perdieron patrimonio.
“En Italia, así como aquí, hay una Ley de Extinción de Dominio, que por cierto en Jalisco desde hace más de dos años no se da ningún caso. Los bienes que son incautados, como fincas, joyas, artículos, vehículos, van a un fondo alimentador para tener dinero que haga falta para reparar los daños (…) Pero aquí en México hay muchos bienes que no sabemos qué les pasó y se los incautaron a narcotraficantes.
Que sean puestos en este fideicomiso, que sirva para posteriormente pagar los daños que pudieran darse a causa de estas acciones ilícitas”.
Sin garantía jurídica
Personas comunes y corrientes que vieron consumir su automóvil entre las llamas, camioneros a quienes les destrozaron sus unidades o comerciantes que de la noche a la mañana sus negocios quedaron reducidos a cenizas, fueron algunos de los afectados por los hechos del 1º y el 2 de mayo en el estado, principalmente en Guadalajara y Puerto Vallarta.
Para ellos no hay una ley que los proteja, sino disposiciones ambiguas, a decir del diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Jalisco, José Luis Munguía Cardona.
“Lamentablemente el Código Civil o la Ley de Responsabilidad Patrimonial hablan de una omisión por parte de una autoridad. Pero aquí no encaja como tal. Tendríamos que ver de qué forma el Estado pueda solventar este tipo de hechos. El Código Penal habla de vandalismo, pero tampoco marca claramente una obligación de cómo el Estado pueda reparar una pérdida”.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe Álvarez Cibrián, explica que la Ley Estatal de Víctimas considera que este organismo oriente jurídicamente a los afectados mientras no se constituya formalmente la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con la que podrían ser creados mecanismos legales, aunque él apela a que haya solidaridad de las autoridades estatales y federales.
“La ley establece que cuando haya actos que involucren la responsabilidad del Estado, la reparación del daño puede ser motivo de una oportuna participación y respuesta en cuanto a la reparación integral. Es un tema que queda abierto y yo espero que si hubiera personas que deseen recibir la orientación, se valorara el caso específico para poner los conductos legales que haya a su alcance”, dice el ombudsman.
A todo esto se suma que las aseguradoras —con escasas excepciones— no cubren este tipo de eventos. En 2012, ante la situación de inseguridad que vive el país, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y sus agremiados, anunciaron que excluirían de sus pólizas de seguros de vida, gastos médicos y automóviles dañados por la delincuencia organizada.
“Las aseguradoras no se hacen responsables y el Estado no se hace responsable, y no hay recursos para pagar. Se debe clarificar con puntualidad y que no quede sólo en reglamentación, sino presupuestar los fondos para que sea efectivo”, añadió Haro Reyes.
Explicó que los códigos consideran la reparación del daño cuando alguien, por ejemplo, avería o quema un bien ajeno. “Pero cuando no hay detenidos es complicado”.
Hacer retroactivo este tipo de apoyos para quienes ya sufrieron el daño, es difícil. La creación del fideicomiso propuesta garantizaría de aquí en adelante las indemnizaciones.
No obstante, Dante Haro advierte que debe evitarse el andamiaje burocrático, y los protocolos para resarcir el daño deben ser sencillos, pues sería absurdo y hasta inhumano que las víctimas tengan que pasar por un nuevo viacrucis.
