El domingo pasado terminó la primera etapa del operativo “Conago1”, iniciada el pasado 13 de junio. Fueron ocho días en los que implementaron dispositivos de seguridad, vigilancia, puntos de revisión preventiva, patrullajes en convoy y verificación de vehículos y personas, con la participación de 310 mil efectivos en 31 entidades del país.
El operativo forma parte del proyecto de esta cruzada nacional acordado en Monterrey, Nuevo León, el 27 de mayo por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y ratificada el viernes 10 de junio en el Distrito Federal.
Al respecto, el doctor Arturo Villaseñor Palos, profesor investigador del Departamento de Derecho Público, de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, calificó como positiva esta acción, “puesto que implica un reconocimiento de que la lucha contra el crimen y particularmente contra la delincuencia organizada es una responsabilidad compartida, porque hasta el momento todo había estado en manos de la Federación”.
El especialista reiteró que la coordinación entre los estados es una alternativa “interesante y positiva”, aunque se conocerán sus verdaderos alcances hasta realizar el primer corte de resultados, enmarcados en sus tres prioridades, que son la detección de armas, la cumplimentación de órdenes de aprehensión, y el robo de vehículos. Sin embargo, agregó que “este tipo de operaciones no se pueden sostener indefinidamente”.
Recordó que el gobierno federal sostiene una lucha frontal contra la delincuencia que se traduce en operativos, pero que si no los acompañan con otras medidas el proyecto no será exitoso, al menos en un mediano plazo.
“El operativo de los gobernadores está bien de inicio, pero también es importante resolver otros problemas asociados, principalmente la impunidad”.
La falta de castigo a los culpables, la profesionalización pendiente de los cuerpos policiacos, las reformas legales para el sistema acusatorio “y una amplia gama de acciones para ejercerse de forma complementaria, quedarán inscritas en un futuro”.
Recalcó que este tipo de operativos pueden y deben hacerse periódicamente, aunque tienen en contra la constancia, como por ejemplo los operativos que realizó el ayuntamiento de Guadalajara en la zona de la calle 5 de febrero no pudieron sostenerlo porque no es posible destinar toda la fuerza a una sola acción.
El jurista Benito de Jesús Garibay indicó que es necesario, para que realmente se consigan resultados efectivos y a largo plazo, involucrar a especialistas que investiguen a qué se debe la generación de los temas delincuenciales.
No dejó de reconocer que son la desigualdad, el desempleo, los actos permanentes de impunidad, como la corrupción, el cohecho y la pobreza las principales causas. “Más bien lo que se ha aparentado es una lucha contra el narcotráfico y eso es una falacia”. “La ley se cumple todos los días y cuando dejamos de cumplirla entonces se van creando grupos de poder que atentan contra las instituciones e incluso las suplantan en muchos casos”.
Para el doctor Dante Haro Reyes, investigador del CUCSH, el operativo “es una medida desesperada, demagógica, pero sobre todo mediática. Aunque es espectacular por sus primeros resultados, hay muchas personas detenidas, pero de estas cuántas realmente se van a quedar en la cárcel. Un evento es la detención, pero otro es cuántos van a ser procesados”.
Un punto negativo es que el anuncio de este tipo de movilizaciones avisa a la delincuencia “ahí vamos”. Esto debe ser en secrecía. “No sé cómo en una semana las fuerzas estatales se van a coordinar con las federales, si en lo que va del sexenio no lo han hecho”, dijo.
