Trabajo única vía hacia la rehabilitación

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ACINAMIENTO EN CARCELES MUNICIPALES DE JALISCO

Sin apartarse del esquema constitucional que plantea la readaptación social de los internos de los penales mexicanos, con base en tres ejes fundamentales: el trabajo, la capacitación y la educación, es posible que la sociedad recupere el financiamiento y la carga de la construcción de instalaciones y la manutención de los internos.
Alrededor de esta idea (que los reclusos trabajen en esquemas de producción más formales) se resume la propuesta de un abogado universitario para que los internos de los penales, 11 en esta entidad, trabajen en zonas microindustriales anexas a los reclusorios.
Quien propone esta idea es el maestro Rogelio Ruiz Villalobos, de la Dirección de Investigaciones Jurídicas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara, y quien tiene una amplia experiencia legal y práctica en los penales locales y del resto del estado.
“El artículo 18 de la constitución podría justificar el establecimiento de una actividad industrial a favor de la readaptación social y que cubra el financiamiento, la carga impositiva a la sociedad por la manutención de los internos, que hasta ahora es irrecuperable”, sugiere el abogado.
Dice Ruiz Villalobos, que hasta ahora es reducido el número de internos que trabaja en los talleres de los penales y esas actividades, más bien catalogadas de artesanales, no les proporcionan recursos ni capacitación para que al salir del penal los internos tengan un panorama reinvindicador. “No hay en ello un espíritu de readaptación”.

Artesanías, pocos recursos
Las tareas artesanales en los reclusorios no generan ganancias considerables a los internos y son actividades que cuando éstos salen del penal, no les brindan posibilidad de obtener trabajo. La propuesta de Villalobos Ruiz plantea la fundación de 11 minizonas industriales en los amplios terrenos que, por norma, rodean a estos establecimientos.
“Ahí se podrán establecer talleres de laminado, carpintería, mecánica, ebanistería o panadería, entre otros, con el objetivo de que al salir puedan establecer un taller propio y superar la imposibilidad de que les den trabajo en una empresa”.

Empresarios y gobierno
La inversión que arroparía esta propuesta la originaría una coinversión privada y gubernamental. La segunda tendría que ser mayoritaria, para conservar el control e integrar otras estrategias, como un reglamento de trabajo interno, impulsar reformas legales en la Ley Federal de Trabajo, que abarque a este tipo de empleados.
También indica la propuesta que las ganancias deben ser repartidas en diferentes rubros, como el sostenimiento de los hijos de los internos, el autofinanciamiento de las instalaciones, un porcentaje para ayuda a las víctimas del delito, y, desde luego, un fondo de ahorro para que el recluso pueda emprender una nueva vida.
La instalación de las zonas microindustriales debe respetar integralmente la normatividad en seguridad. Aunque en varios penales de Jalisco y del país ya existe este tipo de talleres, “no han sido desarrollados industrialmente”.
La iniciativa podría encontrar campo fértil, cree el abogado, ahora que se plantea una reforma penitenciaria que tiende a la dignificación del interno y de su contexto, como es el caso de los hijos de los internos que caen, en el exterior, en conductas delictivas y que en el mejor de los casos se ven arrastrados a la mendicidad por falta de recursos.
El jurista recuerda que si bien algunos derechos son coptados durante la vida penitenciaria, “los derechos laborales no están en entredicho y los reclusos deben y pueden trabajar para aspirar a una verdadera rehabilitación”, concluye.

Un problema complejo

la corrupción, el autogobierno, el desorden, tanto administrativo como de capacitación y la nula profesionalización de quienes manejan los 11 penales jaliscienses, representan solo algunos de los lastres más señalados del sistema penal, asegura el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Partida Caballero.
“No hay una separación adecuada, ni siquiera desde el punto de la seguridad interna de los propios reclusorios. No se puede tener a los homicidas de alta peligrosidad con los secuestradores”.
Esta mezcla nutre a un empoderamiento que lleva a las autoridades del penal a reconocer este poder y tener que establecer negociaciones con los líderes de los internos, que al final son insuficientes.
Además de este agrio panorama, para Partida Caballero “debe existir una profesionalización de los responsables de los penales”, lo que empezaría a crear cuadros de administradores profesionales penitenciarios, “no para que se incrusten en los partidos políticos, sino en el campo de acción. El Estado en su conjunto no ha tomado en serio la generación de políticas públicas para el sistema penitenciario. Uno de estos aspectos es el relacionado con el trabajo, porque aunque parezca un lugar común, ‘el trabajo dignifica’ –como afirma el dicho– y los legisladores han sido omisos al respecto, pues han refrendado el mismo esquema desde hace 30 años”.
La instalación de microzonas industriales es para Partida Caballero una buena propuesta si se liga como premio al desempeño de los internos. “El trabajo debe ser un premio para los que, primeramente, se portan bien, los que no usan drogas, lo que debe verificarse periódicamente. No es solo decir cualquiera puede trabajar”.

Reformas en puerta

El diputado panista Carlos Rodríguez Bulgara impulsó el pasado 23 de enero, una iniciativa para conformar un proyecto legislativo que desemboque en la primer Ley penitenciaria en Jalisco, una de las primeras de su tipo en el país. El legislador recuerda que este rubro está muy atrasado en México y que la complejidad de las cárceles plantea un reto social grande para las autoridades federales y estatales.
Una breve entrevista en La gaceta refleja lo que el legislativo pretende para reformar parte de esta encrucijada, al menos en Jalisco.

¿De qué manera aprecia la legislatura local las propuestas para instalar plenamente una actividad industrial desde los penales?
Creo que esa actividad laboral es lo que hace falta para modificar dicha readaptación, que está escrita en un documento, pero que hace falta realizar en la práctica. La industria penitenciaria vendría a permitir que los hombres y mujeres que purgan una pena, puedan tener una actividad que les ayude a reincorporarse a la sociedad.

¿Qué opina sobre la creación de industrias anexas a los penales?
Se pueden hacer. De hecho, el trabajo que estamos realizando con relación al código penitenciario, presentado al pleno del Congreso, nos va a servir, junto con lo que manifiestan los investigadores de la Universidad, para plasmarlo en el dictamen y hacerlo realidad.

¿Cree que a la iniciativa privada le interesará invertir en empresas para internos?
Estoy convencido que le apostarían al proyecto, porque tendrían mano de obra garantizada, sobre todo con hombres y mujeres comprometidos con ser productivos.

¿Reconoce que están canalizando enormes recursos para mantener los penales y que este trabajo podría resarcir esos gastos?
Con el hecho de que estén ocupados y realizando una actividad es suficiente para resarcir lo que se invierta para incorporarlos a la sociedad… Lo que se gasta diariamente en alimentación, aparte de lo invertido en infraestructura y otros recursos, pone a pensar que se debe optimizar la actividad productiva de los reos.

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