La Universidad de Guadalajara se unió a la iniciativa de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el gobierno de Jalisco para vigilar y prevenir que los funcionarios públicos hagan uso de recursos humanos o financieros para apoyar a un candidato o partido político durante el proceso electoral que dio inicio el 30 de marzo pasado.
El Rector general de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado, afirmó que esta casa de estudios se compromete a mantenerse fuera del proceso electoral y de contribuir en todo lo que pueda a la transparencia y equidad de los próximos comicios estatales y federales en México.
“Seremos estrictos al interior de la UdeG. Giramos instrucciones a todas las dependencias para que los funcionarios universitarios se mantengan al margen y se evite el uso de recursos para acciones políticas. Eso de antemano está prohibido al interior de la Universidad”.
Cortés Guardado representó a la UdeG y firmó como testigo en el arranque del Programa de trabajo específico para la prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el contexto del proceso electoral federal y local, realizado en Palacio de Gobierno.
Durante la ceremonia, la titular de la Fepade, Imelda Calvillo, afirmó que este programa dará asesoría a los grupos de población más vulnerables, con la finalidad de que sepan a dónde acudir a presentar una denuncia si alguien los amenaza o los presiona para votar por algún candidato o persona.
Iniciarán una campaña para prevenir y sancionar delitos relacionados con el empleo indebido de recursos por parte de los funcionarios de gobierno y servidores públicos, por lo que trabajarán de manera “coordinada y enérgica” entre las dependencias municipales y estatales para proceder ante cualquier ilícito que acontezca durante el proceso electoral.
También firmaron el acuerdo rectores de universidades privadas, el secretario de Educación Jalisco, José Antonio Gloria Morales y los titulares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, José Tomás Figueroa, y del Instituto de Transparencia e Información Pública. En representación del gobierno del estado firmó el secretario general de Gobierno, Víctor Manuel González Romero.
