Extracto de la ponencia presentada en el coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas de la UdeG
Debemos comenzar por establecer en qué situación se encuentra hoy México respecto a los tiempos de la hegemonía política. Se podría decir, sin riesgos, que a partir de 1977 transitamos gradualmente hacia un sistema plural competitivo de partidos, que transformó la estructura del régimen político mexicano.
En los últimos 40 años hubo dos parteaguas de la historia institucional-electoral en México: las elecciones de 1976, que propiciaron la reforma del 77, y las de 2006, que son antecesoras de las reformas de 2008 y de 2014.
Afirmo que el modelo gradualista dio signos de agotamiento con el primer proceso sucesorio en la alternancia. Uno de esos signos es el origen de la más reciente Reforma electoral: la denuncia a la intervención de los gobernadores en el nombramiento de consejeros electorales.
Cuatro consideraciones permearon dicho debate: 1) El objetivo original fue crear un ente nacional encargado de elecciones de los tres niveles de gobierno; 2) La necesidad del centralismo para remediar los defectos federalistas; 3) Denuncia de una especie de neofeudalismo, y 4) En la denuncia se argumentaba que en los estados no se replicaban los avances democráticos de las elecciones federales.
El debate concluyó el 15 de mayo de 2014, con la aprobación de la nueva reglamentación electoral, de partidos, delitos electorales y la reforma al sistema de medios de impugnación electoral.
La reforma tuvo críticas favorables en aspectos como las cuotas de género, las disposiciones para la anulación de elecciones por rebase de topes de campaña y el incremento de umbrales para mantener el registro de partidos políticos.
La clave de la reflexión sobre las reformas electorales está en una paradoja: lo que necesita ser reformado es encarnado por los reformadores. Esto es, las instituciones de la democracia representativa son las encargadas de lidiar con la crisis de la democracia representativa. En efecto, los partidos con representación en los congresos, el federal y los de las entidades federativas, deben impulsar un diseño del régimen que supere la desafección de los ciudadanos por su clase política y por las instituciones de la democracia representativa.
Sólo un par de datos sobre efectos inmediatos de la reforma: los consejeros de tiempo parcial, que recibían sueldos de 18 mil pesos mensuales todavía en agosto de 2014, pasaron a consejeros de tiempo completo con sueldo. Para el caso de San Luis Potosí, de 90 mil pesos, y en Nuevo León se pasó de 20 mil pesos a uno de 178 mil.
Lo anterior es evidencia de que las conductas de los actores políticos buscan la adecuación a su contexto y circunstancia.
Francis Fukuyama plantea que no existen las instituciones políticas óptimas. Incluso el mismo diseño que funciona en una nación, puede fallar en otra, por no contar con el apoyo necesario de las estructuras sociales circundantes. De manera que incluso una reforma cuidada con esmero técnico, no funcionará efectivamente si no atiende a la lógica de las estructuras sociales, de las costumbres y comportamientos de los políticos y la sociedad.
De lo dicho se infiere que en condiciones de incoherencia entre reglas formales e informales, instituciones formales exitosas, lo pueden ser sólo en su fundación y primer desarrollo, pero pronto la institucionalidad informal determinará su continuidad exitosa o su regresión. El destino del IFE es evidencia de lo anterior.
Las investigaciones demuestran que incluso estructuras jurídicas ejemplares no se corresponden con el aprecio ciudadano, y eso se explica porque no existe correspondencia entre legislación y prácticas políticas.
Entonces, ¿cómo implementar reformas que logren coherencia entre estructuras formales e informales y que a la vez aspiren a cambios democráticos sustantivos?
La historia demuestra que toda reforma política vertical o pobremente incluyente, está lejos de un éxito prolongado. Dicho de otra manera: cualquier reforma electoral negociada y diseñada exclusivamente por la clase política, será inexorablemente coyuntural y en el mejor de los casos un equilibrio entre gradualismo y conveniencias que apuntan al siguiente proceso electoral.
La búsqueda de un orden político y social al servicio de las mayorías y no para beneficio de un conjunto de micro élites —entre las que podríamos incluir a las minorías que lucran con la categoría ciudadano—, exige reformas instauradoras de procesos maximizadores de libertades y oportunidades, cambios que impidan el enquistamiento en el poder de grupos faccionales, caciquiles o clientelares.
Mi propuesta es que en el futuro, primero se planee ampliamente cómo discutir, buscando decisiones moderadas por la técnica y la razón, pero fruto de la inclusión plural, preocupadas por el bienestar general, discusión extensiva por la cantidad de expresiones sociales, pero intensiva en capacidad reflexiva.
