Periodistas sin protección

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130428. CIUDAD Y REGION. Periodistas en Guadalajara Jalisco se unen a la manifestación nacional en contra de la violencia contra periodistas a un año del cruel asesinato de nuestra compañera Regina Martínez.. CHEMA MARTINEZ

Ante las agresiones que ha recibido la periodista Jade Ramírez Cuevas, la eficacia del sistema de justicia para proteger a defensores de derechos humanos y comunicadores, queda en entredicho, pues aunque desde 2010 los ataques fueron notificados a instancias federales, no hubo respuesta. E incluso se han ido recrudeciendo, al grado de que en 2015 la también activista recibió múltiples amenazas y la violación de su domicilio, según denuncian organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y Articulo 19.

La abogada de Cepad, Cinthya Ramírez, quien acompaña legalmente a la periodista, explica que estas agresiones han sido documentadas en diferentes instituciones públicas e “inclusive en 2010, ante la Secretaría de Gobernación, en la Unidad de Derechos Humanos. Esta petición que hizo el Cepad se remitió a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hasta la fecha ambos procedimientos fueron infructuosos. La Fiscalía, después de hacer circo, maroma y teatro para cumplir con sus obligaciones de atracción, declinó su competencia y la remitió a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, y hasta el momento no se tiene información de cuál fue el resultado de dicha investigación”.

Desde 2010, con una pausa en 2011 y con más intensidad desde 2013 a 2015, Jade Ramírez ha recibido amenazas anónimas y mensajes intimidatorios.

La organización internacional Artículo 19 emitió una alerta el 13 de abril, después de que desconocidos forzaran la cerradura de su domicilio y dejaran un sobre con una fotografía de su rostro recortada en nueve piezas, que al unirlas dejaban ver una perforación a la altura del cráneo.

“Se notificó inmediatamente de este intento de agresión física y ante ello las autoridades federales responden que no pueden tomar medidas inmediatas, porque primero debemos esperar a agotar todo el procedimiento legal estipulado en la ley. Hay una negativa a cambiar el tipo de procedimiento de cómo se estaba tramitando la solicitud de Jade, y esto tiene repercusiones, porque hasta el momento no le han implementado medidas urgentes”, lamenta la abogada.

Jade Ramírez es periodista con 25 años de experiencia y con varios premios en su palmarés. Publica en los medios de comunicación de la Universidad de Guadalajara, sobre todo temas enfocados a derechos humanos y grupos vulnerables. Además ha sido defensora del poblado de Temacapulín y ha elevado la voz sobre el asesinato de sus colegas en otras entidades, organizando marchas de solidaridad.

A pesar de que existe un Mecanismo de Protección a Periodistas en el ámbito nacional —del cual ella forma parte— no ha habido institución que asuma la responsabilidad de garantizar su integridad. Incluso, Cinthya Ramírez estima que las agresiones se intensificaron a raíz de que fue designada como integrante de la junta de gobierno de ese mecanismo.

“En este contexto ella es agredida, no sólo en calidad de periodista, sino como defensora de derechos humanos, pues como integrante del mecanismo ella asume una postura de promoción y defensa de quienes acuden a esas instancias para solicitar protección. Por eso el 19 de enero se pidió al mecanismo que se le dé protección de carácter urgente, y hasta la fecha no ha sido implementada una sola medida”.

Agrega que todo esto deja en evidencia que las leyes no son eficaces como deberían y hace falta adecuarlas, tanto en la concepción como en la operatividad.

A esto se suma la renuncia de Lía Limón García a la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, y que apenas el viernes pasado ha sido reemplazada por Roberto Campa; la salida del titular del mecanismo, Víctor Manuel Serrato, y de Julián Gudiño (titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del mismo).

“De esta manera no puede estar funcionando este mecanismo si no se cuenta con las personalidades que son cruciales en la implementación de las medidas y la atención de casos urgentes. Me preocupa la simulación de las instituciones”, detalla Cinthya Ramírez.

En apenas dos años de existencia, ha habido dos titulares del mecanismo: Juan Carlos Gutiérrez, que renunció en marzo de 2014, y Víctor Manuel Serrato, que se marchó en marzo de 2015.

La instancia cuenta con un presupuesto de 138 millones 963 mil 571 pesos, de los cuales 129 son para un fideicomiso para cubrir las medidas de protección.

De octubre de 2012 al 1º de diciembre de 2014, recibieron 208 solicitudes de protección, 123 de periodistas y 95 de defensores de los derechos humanos. Sin embargo, hay lentitud para procesar esas peticiones y no se les da una supervisión posterior, critica Cinthya Ramírez.

De acuerdo al director del Cepad, César Pérez Verónica, la situación de acoso a los defensores de derechos humanos en la entidad se ha ido recrudeciendo en los últimos años. Algunos incluso han sido detenidos o desaparecidos, como el líder nahua Celedonio Monroy. En el caso de los periodistas, también ha habido amenazas, hostigamiento o intimidaciones, si bien se estima que existe un subregistro por falta de denuncias.

“Para mí el panorama es trágico y de una profunda crisis en derechos humanos. Que se agreda a defensores y periodistas es la punta de un iceberg en donde, debajo del agua, podemos encontrar agresiones a los derechos humanos. De tal manera que ni los periodistas o defensores que destapan a la luz pública estas violaciones se encuentran seguros. Por eso queremos reiterar la exigencia a las autoridades de carácter federal para que cumplan con sus obligaciones constitucionales en materia de protección a periodistas. Y es que este caso de Jade es emblemático. No se trata sólo de una periodista, sino también de una integrante de la junta de gobierno del mecanismo”, concluye la abogada del Cepad.