Este año Jalisco podría cerrar con una cartera vencida del 25 por ciento, lo que podría incidir en un incremento en las quejas por hostigamiento ejercido por parte de las empresas dedicadas a cobrar deuda, afirmó Antonio Sánchez Sierra, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).
Múltiples factores se conjugan para que esto sea una realidad: este año el número de desempleados podría afectar a un equivalente del 20 por ciento de los derechohabientes del Seguro Social; además, el ingreso ha caído y faltan incentivos fiscales a las empresas para que puedan tener capacidad de pagar a sus trabajadores.
Todo es parte de un círculo vicioso: “Si incrementan los despidos, los afectados no tendrán capacidad de pago. Hay personas a las que les están rebajando el salario o se lo condicionan. Falta liquidez y solvencia en todo el país. Hay crisis”.
De continuar las mismas tendencias, en el país empezarán a verse situaciones similares a las que se vivieron durante la crisis de 1994, cuando mucha gente perdió confianza en las finanzas y el Estado, indicó el académico.
Vender la deuda
Los bancos saben que si una persona les debe una cantidad y no la pueden cobrar, entonces pueden vender la deuda a una empresa que se dedica a cobrar, “Por ejemplo, si la deuda con todo intereses es de cien mil pesos, la venden a cincuenta —el monto original sin intereses— y, además, ceden los derechos litigiosos al comprador”. Esto es legal, coincidieron Antonio Sánchez Sierra y César Uribe, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, experto en temas bancarios.
Las instituciones bancarias saben que en muchos casos la llevan de perder. “Por ejemplo, para que demanden por un pagaré firmado, tienen que mostrar el original y como muchas veces son de papel térmico, los datos se borran y la cobranza resulta muy difícil”, explicó Sánchez Sierra.
La función del banco es comprar dinero barato y venderlo caro. Es un intermediario de crédito. “Cuando el dinero de los depositantes es prestado y sobreviene una crisis que ocasiona pérdida de empleos y bajos ingresos, el banco se ve en un aprieto porque no recupera el dinero de los deudores. La institución tiene un compromiso con los depositantes, tiene que devolverles el dinero que les debe. Al banco le sale más barato vender las carteras vencidas conflictivas y recuperar el dinero en un lapso de tiempo corto, que arriesgarse en un juicio largo”, añadió César Uribe.
Los bancos prefieren recuperar cuarenta centavos de un peso que perder esta última cantidad. Para los bancos el incremento de cartera vencida es un cáncer, si no atacan a tiempo el problema pueden ladearse y llegar hasta la quiebra.
Lo que no se vale y sí es un delito es que las empresas dedicadas a la cobranza ejerzan presiones en forma de hostigamiento de día y noche a los deudores. “Emplean tácticas como hablar por teléfono a las dos o tres de la mañana de forma arbitraria y leonina, amenazando con meterlos a la cárcel si no pagan”, añadió Antonio Sánchez Sierra.
César Uribe señaló que las empresas compradoras contratan abogados para que molesten a los deudores a todas horas. “Eso tiene que evitarse”.
Deuda mercantil no implica cárcel
La gente debe saber que por una deuda derivada de asuntos mercantiles no puede ir a la cárcel, salvo que haya cometido fraude. “Si un trabajador deja de pagar porque lo despiden, sólo es víctima de una mala situación económica, pero no cometió fraude”, reveló Sánchez Sierra.
Las personas con deuda mercantil sí pueden ser demandadas por el banco en un juicio mercantil, lo que conlleva en ciertos casos asegurar bienes que sean propiedad del que debe para cubrir las obligaciones que tienen con los acreedores.
Ante los hostigamientos y las amenazas, César Uribe recomendó que hay que acudir a exponer la queja a la Condusef. Sánchez Sierra recomienda ir a la Procuraduría de Justicia del Estado y presentar una denuncia por la agresión. Si la empresa quiere cobrar, pues que acuda a las instancias correspondientes y demande, pero no es correcto que amenacen a la gente, señaló.
El problema para hacer justicia en este tipo de casos es que los despachos pueden tener salidas fáciles y negar que hostiguen al deudor. Ante esta situación la gente debe estar atenta a qué horas la llaman, cuándo lo hacen y quién es el agresor. “Hay que pedir su nombre para tener la certidumbre de quién amenaza y para cuál empresa trabaja”.
Conductas leoninas
El gobierno ya da los primeros pasos para controlar a la banca leonina. “Un aspecto positivo a la reforma de las leyes bancarias es que ya se les pide que cuando otorguen un crédito evalúen la capacidad económica de la persona que lo solicita”, señaló Sánchez Sierra.
Los esfuerzos no son suficientes, aclaró el académico. Ante la situación económica presente son necesarios decretos donde se les exija a los bancos a entrar en un esquema de negociación con los deudores, también hay que hacer más eficientes dependencias como la Condusef, de manera que actúe como intermediaria a la hora de reestructurar una deuda.
Una arista más, dijo César Uribe: “Es ilegal que el banco o la empresa cobradora moleste y amenace a la gente, pero no hay reglamentación al respecto. Son una de esas lagunas que tiene la ley.
