La universidad como institución de Estado, bajo un sistema de cuño democrático, no sólo prepara profesionales en sus diferentes áreas de especialización, generando y difundiendo, a su vez, conocimientos científicos y tecnológicos, sino también forma seres humanos y, sobre todo, ciudadanos. La construcción de ciudadanía, prerrequisito de toda democracia, implica, por un lado, lucha por derechos y reivindicaciones sociales y, por el otro, participación e involucramiento de los individuos en la problemática y en las decisiones colectivas de su comunidad.
Esto es, la construcción de ciudadanía implica la lucha de los individuos por conseguir y preservar ciertos derechos sociales y por materializar, en beneficio de la colectividad, diferentes reivindicaciones sociales, como puede ser el derecho a la educación pública, laica y gratuita. La construcción de ciudadanía implica también el involucramiento de los individuos en acciones que materialicen derechos y la participación de los ciudadanos en acciones colectivas en beneficio de la sociedad.
Históricamente, los derechos sociales se han creado o han avanzado gracias a acciones de movilización política por parte de grandes colectividades. El movimiento de Independencia y la Revolución mexicana representaron, en cierta manera, luchas reivindicatorias por la libertad, la igualdad y el bienestar de los mexicanos. A partir de estos dos grandes movimientos sociales, principalmente la Revolución, se lograron conquistar derechos como el acceso a la tierra, a la organización sindical y a la educación, entre otras.
En este sentido, cobra relevancia la participación masiva de los universitarios el pasado 29 de septiembre, en la que miles de estudiantes, profesores e investigadores de todo el estado de Jalisco demandaron un mayor presupuesto para la Universidad de Guadalajara. Más allá de los señalamientos aviesos del gobierno del Estado, lo que realmente es de resaltar fue la gran movilización social y sus implicaciones positivas en la construcción de ciudadanía, ya que los asistentes participaron en la marcha de manera voluntaria, consciente y, sobre todo, informada.
Es decir, esta marcha significó la movilización de una de las más grandes comunidades universitarias del país, reivindicando el derecho a un financiamiento justo para la institución y, sobre todo, el respeto a otro de los derechos sociales, hoy día consagrados en la Constitución General de la República: la autonomía universitaria.
Esta protesta social ayudó en la construcción de ciudadanía, al menos, de tres maneras. Primero, por la participación masiva de la comunidad universitaria en un movimiento social reivindicatorio por un mayor presupuesto para la educación pública de Jalisco, ya que no se puede concebir la ciudadanía sin participación social. De hecho, una universidad pasiva e insensible a los problemas sociales no ayuda en nada a construir ciudadanía. Segundo, incidiendo en el diseño de la agenda social y en la definición de políticas públicas en materia presupuestal en la entidad. Es decir, una universidad que incide en la definición del gasto público del estado para apoyar proyectos educativos y culturales en beneficio de la sociedad también está contribuyendo a la construcción de ciudadanía. Tercero, haciendo consciencia entre la sociedad y la propia comunidad universitaria de Jalisco sobre los derechos sociales (como el derecho a la libre manifestación, el derecho a la educación y el respeto a la autonomía universitaria) y las prioridades en las que el Estado debe invertir los impuestos que pagamos los jaliscienses. Es decir, no se puede concebir la ciudadanía alejada de los derechos y sus luchas por la conservación o ampliación de estos derechos sociales.
En este sentido, la protesta social se convirtió en un medio que ayuda a la construcción de ciudadanía, defendiendo por parte de amplios sectores sociales, principalmente los más desprotegidos, el derecho a la educación y a recibir un presupuesto justo que apuntale el desarrollo económico, social y cultural de nuestro estado y sus pobladores.
