Blogueros, twitteros, reporteros, cartonistas, activistas, defensores de los derechos humanos o quien tome la fotografía o video en su celular de una detención policiaca, tendrían la garantía de que el Estado protegerá su integridad y su derecho a la libre expresión en caso de que se apruebe una iniciativa de ley en esta materia, que desde octubre está congelada en el Congreso local.
El proyecto de ley considera la creación de un mecanismo estatal para la Protección de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas de la información, con una instancia encargada de definir las medidas de protección, así como manuales y protocolos de actuación.
De acuerdo al director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), César Pérez Verónica, la situación de los defensores de derechos humanos en la entidad se ha ido recrudeciendo en los últimos años. Algunos incluso han sido detenidos o desaparecidos, como el líder nahua Celedonio Monroy. En el caso de los periodistas, también ha habido amenazas, hostigamiento o intimidaciones, si bien se estima que existe un subregistro por falta de denuncias.
Especialistas consultados por La gaceta, consideran que para que el mecanismo funcione, debe garantizar la plena autonomía frente a las estructuras gubernamentales.
“Que sea una ley que se construya de frente y con los periodistas y defensores de los derechos humanos y no a sus espaldas, como una especie de dádiva”, señala el periodista y académico de la Universidad de Guadalajara, Darwin Franco Migues, quien ha investigado y documentado agresiones a reporteros y activistas en Jalisco.
Jade Ramírez, integrante del consejo consultivo del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, recuerda que ya existen legislaciones estatales de protección en entidades como el Distrito Federal, Zacatecas, Chihuahua y Veracruz, donde 15 periodistas fueron asesinados de 2000 a la fecha.
“Pero no han funcionado, porque no tienen recursos ni autonomía, y defensores de derechos humanos y periodistas quedan supeditados a la voluntad política o a la decisión unilateral que la autoridad pueda proponer, a diferencia del mecanismo federal, al que le han etiquetado, de 2012 a la fecha, 350 millones de pesos para que un fideicomiso opere medidas de protección cuando sea necesario. Falta mucho más.
Antes de crear una ley, hay que establecer vínculos de confianza en la autoridad estatal, mecanismos de regulación, y si a nivel federal no se está respetando, ¿quién asegura que aquí sí?”.
César Pérez recuerda que el mecanismo nacional ha tenido malos resultados y les preocupa que el modelo que proponen en la ley local repita el federal.
“Consideramos necesario evaluar la viabilidad de la legislación en cuanto a la conformación del mecanismo, como la autoría material e intelectual de las agresiones, hostigamiento, amenazas o desapariciones en Jalisco, pues en un gran porcentaje los perpetradores de estos ataques en el país son autoridades locales. Por lo tanto, si el mecanismo local le otorga obligación y facultades a autoridades para proteger a estas personas, consideramos que se pondría en mayor riesgo a los peticionarios de las medidas de protección”, añade Pérez Verónica.
Una ley que va más allá
El diputado Clemente Castañeda, autor de la iniciativa, afirmó que esta ley considera un catálogo de derechos para los defensores. Algunos incluso no aparecen en la ley federal, como criterios de la ONU.
También reconoce derechos de los periodistas, como la cláusula de conciencia, el secreto profesional, acceso a la información y datos públicos, reconocimiento institucional, protección de las empresas de comunicación y protección pública ante agresiones de terceros.
“Se crea la figura de activistas de la información. Nos referimos a cualquier persona que administra o elabora información para un sitio de internet, un blog, una cuenta en redes sociales de internet o cualquier otro medio de expresión. En Estados Unidos la Suprema Corte ya determinó que estos ciudadanos tienen los mismos derechos que los medios y periodistas tradicionales”, especifica.
Según la iniciativa, el órgano máximo del mecanismo estatal de protección será una junta de gobierno, integrada por el ejecutivo, legislativo, judicial, CEDHJ y un representante de cada gremio: defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. Los ciudadanos serán elegidos mediante convocatoria pública por el Congreso del Estado. Contaría, además, con un consejo consultivo dedicado a la atención de los defensores de derechos humanos. Para que todo esto funcione, se crearía un fondo con recursos económicos.
