Leyes ambientales: letra muerta

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“La urbanización significa para los ayuntamientos ingreso de dinero, por pagos de impuestos y servicios”, opina Adriana Olivares, investigadora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), tras dar seguimiento al caso de la urbanización en las laderas del Cerro del Gachupín, documentado en La gaceta 717, del 1º de octubre de 2012.

El Cerro del Gachupín fue declarado área de conservación natural con la ley que aprueba, en 1982, el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, el cual puede ser consultado en la página siga.jalisco.gob.mx. Sin embargo, “la realidad es que este plan no ha funcionado casi desde que se decretó”, reconoció Carlos Vargas, coordinador de la Dirección de Planeación Urbana Municipal, de la Secretaría para el Desarrollo Urbano (Sedeur).

“Algunos interpretan que en el momento en que se derogó la Ley de Asentamientos Humanos, el plan automáticamente se derogó, y algunos creemos que no, porque si el plan tiene un decreto del Congreso, entonces es una ley aparte, que nunca se abrogó”.

Agrega que “ese plan se hizo cuando el estado tenía la regencia de la urbanización, pero después de la modificación del 115 constitucional, con el que se le da las facultades a los municipios para que cada uno hiciera su planeación urbana, entonces en la práctica quedó en desuso”.

El funcionario indicó que por eso no se le dio el seguimiento debido “y por eso también se tienen muchísimos problemas. Simplemente por no haber acatado ese plan de ordenamiento, que fue bien hecho. Por ejemplo, se le dio la urbanización a toda la Cuenca del Ahogado, cuando es un área que nunca se debió haber aprobado, y menos con una densidad tan alta como la que se está haciendo”.

En la actualidad la Sedeur sólo revisa para su aprobación los planes de desarrollo municipal, pero no los planes distritales y parciales de desarrollo, que son de competencia de los municipios. Estos tienen que seguir lo indicado por las leyes de asentamientos humanos y de ordenamiento ecológico estatal y municipal, pero en el caso de Tlaquepaque, esta última ni siquiera existe.

La profesora investigadora del CUAAD señaló que “el problema es que no hay coordinación entre el nivel estatal y los municipios, lo que hace que estos últimos en cuanto a desarrollo urbano se guíen por intereses económicos”.

 

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