Los indígenas migrantes sufren discriminación no sólo en las ciudades a las que se desplazan, sino también dentro de sus comunidades. Eso sucede en mayor medida con los jóvenes que estudian una carrera fuera de sus lugares de origen.
Muchos de los que salen a estudiar se enfrentan al rechazo de las autoridades tradicionales, agrarias y de toda la comunidad. “Es difícil coincidir con la gente mayor, ellos se centran en conservar la cultura y creen que venimos con otras ideas y queremos cambiar las cosas”, asegura Santos Carrillo, indígena wixarika de Nayarit.
En este sentido, hay una ruptura entre la visión tradicional y la de los más jóvenes: “las nuevas generaciones indígenas queremos evolucionar y tener más estudios, pero no queremos dejar nuestra lengua y cultura. A los profesionistas nos han preparado con otras ideologías que chocan con lo que piensa el pueblo de donde venimos”.
Carrillo, miembro de la Unión de profesionistas indígenas de Nayarit, coincidió con Uvaldo Valdés, de la comunidad de Mesa Colorada, en que quienes emigran a la ciudad para estudiar lo hacen movidos por el interés de ayudar a su comunidad y darle a sus autoridades agrarias y tradicionales, herramientas para defenderse de las injusticias que viven de manera cotidiana.
Sin embargo, dijeron, muchas veces la comunidad no acepta los nuevos servicios. Esto los obliga a buscar un equilibrio “entre lo que está bien para nosotros como profesionistas y lo que quiere y acepta la comunidad”.
Como parte de las actividades del III Coloquio de pueblos indígenas e indigenismo en el occidente de México, realizado del 23 al 25 de abril, representantes de diversos grupos étnicos hablaron de las implicaciones sociales que conlleva migrar a otros puntos del país.
Además de la discriminación y el abuso que sufren, los migrantes indígenas no son considerados dentro de las escasas políticas públicas que favorecen a los grupos étnicos y que únicamente están centradas en las zonas rurales.
“Tan sólo en la ley indígena, aprobada en abril del 2007, no fueron incluidos los indígenas que no permanecen en sus localidades, salvo quienes viven en la zona sur y norte del estado. En 2005 en ese puerto había poco más de 4 mil indígenas provenientes de ocho etnias de todo el país”, afirmó Arturo Ramírez, miembro de la Unión de pueblos y comunidades indígenas de Puerto Vallarta.
Consideró que el fracaso en la articulación de políticas públicas radica en que los representantes indígenas no son incluidos en la toma de decisiones, “pues son los que saben lo que necesita su gente y cómo hablarles”.
Marginadas entre los marginados
En México, 92 por ciento de las mujeres indígenas no ejercen su derecho a la educación. El riesgo por muerte materna entre este grupo de población es seis veces mayor que en las mestizas, mientras que el riesgo de morir por cáncer cervicouterino es ocho veces más. Su expectativa de vida es nueve años menor que las mujeres que viven en las ciudades.
Nacer mujer en una localidad indígena es nacer en desventaja, pues representa una niñez mal alimentada, poco acceso a la educación y a la información, escasos espacios para realizar un trabajo, segregación y una maternidad temprana, opinó Paloma Buenfil, miembro del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A. C.
Durante su conferencia en el coloquio, que tuvo como temas la migración, la interculturalidad y la equidad de género, Buenfil señaló que las mujeres carecen de autonomía y dependen casi por completo del esposo o de los varones de su familia.
“La propiedad, la autoridad, los recursos, la representación y capacidad de negociación en la comunidad no es para las mujeres. Son marginadas de las decisiones que se toman en la comunidad. La estructura de los pueblos indígenas está pensada en los hombres”. Sólo en excepciones –migración o muerte de la pareja– son ellas las que toman el control.
Si bien México es uno de los países que mayor índice de desigualdad social tiene, al analizar la situación de las mujeres en las zonas con población indígena podemos ver que estamos 50 o 60 años atrasados en cuanto al desarrollo de éstas.
La historiadora con estudios de maestría en desarrollo rural por la Universidad Autónoma de México campus Xochimilco, expresó que las políticas implantadas por los diversos niveles de gobierno en materia educativa, desarrollo y de salud reproductiva, confiere la responsabilidad a las mujeres y exime a los hombres de involucrarse en asuntos como el número de hijos que tendrán como pareja o la formación de éstos.
Buenfil manifestó que a pesar de la opresión que reciben de su familia y de las instituciones, las indígenas se cuestionan cada vez más por qué no tienen los mismos derechos que los varones. Esto, dijo, es producto de los procesos de migración, de urbanización y la llegada de planteles educativos. “Hay cada vez más necesidad de dinero y por lo tanto de que más miembros de la familia salgan a obtenerlo y las mujeres son cada vez más autorizadas a buscar dichos recursos, aunque con ello rompan los esquemas tradicionales”.
