La precariedad del empleo y los jóvenes

El reto más importante en esta materia es consolidar un mercado de trabajo competitivo, con esquemas de contratación que garanticen un mejor futuro para el sector de la población que tiene entre 15 e 29 años

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Los jóvenes y la precariedad del trabajo
El 51.3% de la población joven de 15 a 29 años está desempleado en México. Foto: Archivo

RUTH PADILLA MUÑÓZ / RECTORA DEL CUCEI

La población joven, que representa el 24.6% de la población total, es un sector vulnerable al deber tomar decisiones para su futuro a una edad donde aún no ha alcanzado la madurez suficiente para enfrentarse a éstas.

Frecuentemente se encuentran en la disyuntiva de dedicarse a continuar su formación académica o trabajar, o ambas cosas, y también está la otra parte de la juventud que ha decidido no estudiar y tampoco trabajar, los llamados “Ninis”.

El entorno en el que viven los condiciona para la toma de decisiones: la situación económica personal o familiar, la salud, la violencia, entre otras, que forman parte de esa disyuntiva a la que se enfrentan para decidir.

En este contexto, el 51.3% de la población joven de 15 a 29 años está desempleado en México, el 18.8% de los cuales es porque terminó su empleo, el 21.7% renunció y 8.3% está desocupado porque no tiene experiencia.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), identificó en 2016 que el 43.2% de la población de 12 a 29 años era pobre. Otro factor preocupante en México, es que los indicadores de violencia siguen en crecimiento y la principal causa de muerte de los jóvenes de 15 a 24 años está relacionada con los homicidios (con 7 mil 631 casos en 2018).

El mercado laboral tampoco les ofrece oportunidades donde puedan desarrollar sus capacidades con la protección legal, social y laboral y con un salario remunerado acorde a su desempeño.

En el país el 67.2% del grupo de edad de 15-24 años tienen una ocupación informal. Es decir, son personas que no tienen acceso a la seguridad social, a un contrato, a una jornada laboral específica, e incluso a un salario fijo. Esta situación ha prevalecido, por una parte, debido a que la economía es incapaz de generar el suficiente empleo formal para atender a la población en edad de trabajar y, por la otra, porque los jóvenes carecen de experiencia y/o de la formación académica.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al segundo trimestre de 2019 sólo el 5.2% de los profesionistas ocupados se ubican en el grupo de 20 a 24 años de edad y del total de las personas desocupadas por falta de experiencia, el grupo de 15-29 años representó el 90.7% en el segundo trimestre de 2019.

Cabe mencionar que en el año 2012 se modificó la Ley Federal del Trabajo, a fin de solventar la situación de la experiencia de los jóvenes, se consideró que las empresas podían contratar por un periodo de 30 días a tres meses bajo el esquema de capacitación inicial y después de este tiempo optarían por extender un contrato de mayor tiempo o terminar con la relación laboral (artículo 39b). Sin embargo, los resultados no han sido alentadores.

En esta misma reforma se reconoció la operación del outsourcing, hoy tan cuestionado, mediante el sistema de subcontratación de personal. Este servicio favorece principalmente a los empleadores al reducir los costos de contratación de recursos humanos, porque no les genera un vínculo laboral directo con el trabajador, las prestaciones las asume la empresa contratante, por tanto, la situación laboral puede precarizarse al establecer condiciones distintas a los trabajadores que sí están directamente vinculados con la empresa.

Por otra parte, recién se creó el Programa Jóvenes construyendo el futuro, dirigido la población de 15-29 años que no estudia ni trabaja y que representa el 22% de este grupo de edad, con el objetivo de incorporarlos a los denominados centros de trabajo donde puedan tener una capacitación hasta por un periodo de un año, con un salario de 3 mil 600 pesos mensuales, en el sector público, privado y social.

Aunque ha sido exitoso en su primera etapa, por estar apoyando a 900 mil jóvenes, habrá que evaluar si el resultado es positivo para que los jóvenes puedan permanecer en el mercado de trabajo aún después de terminar el programa o cuenten con la oportunidad de continuar sus estudios académicos.

Asimismo, existe otro grupo de jóvenes que estudian y que su permanencia en la escuela depende de su situación personal o familiar, que los lleva a buscar un empleo y es aún más complicado combinar ambas actividades, lo cual puede llevarlos al abandono escolar.

Para las familias mexicanas, la preocupación porque los hijos tengan una vida digna representa una responsabilidad en términos del sostenimiento del hogar y el acceso a la educación; para la sociedad lo es que las nuevas generaciones tengan oportunidades de incorporación al mercado laboral; es un síntoma de bienestar social y el estado proveedor de esas oportunidades tiene el compromiso de generar las condiciones sociales y económicas para las que toda persona en edad de laborar cuente con un trabajo o la opción de continuar sus estudios.

Los jóvenes tienen un entorno complicado, pero la diferencia la puede hacer el contar con un espacio donde puedan desarrollar sus habilidades de manera digna, que le permita tener independencia económica y la oportunidad del crecimiento personal.

El reto más importante quizás es desalentar el crecimiento de la economía informal y empezar a consolidar un mercado de trabajo competitivo, con esquemas de contratación que garanticen un mejor futuro para los jóvenes. Transcurrido un año de la presente administración todavía estamos a la espera de que ello ocurra.

 

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