En el verano de 2008 la crisis económica española ya había iniciado, el crecimiento económico había tocado techo, para comenzar luego a desacelerarse a partir del segundo trimestre, cuando se aproximaba el dramático otoño en que el colapso financiero se extendió a Europa y, durante un tiempo, a los mercados financieros de todo el mundo.
En este ámbito, la economía española no necesitaba la crisis financiera estadounidense para adentrarse en una auténtica recesión: la inversión y acumulación de capital demuestran sin lugar a dudas que la recesión comenzó en España antes de la quiebra de Lehman y del colapso de los mercados financieros.
Por ejemplo, la tasa de crecimiento de los precios de la vivienda en España había tocado techo previamente y venía desacelerándose de forma importante. Los flujos de crédito a hogares y empresas comenzaban a mostrar síntomas de recesión inminente, incluso antes, a partir del último trimestre de 2006. A finales de 2007, las decisiones político económicas debieron considerar que el ciclo de crecimiento iniciado en 1994 tocaba su fin.
La visión oficial de la situación (cambio de 2007), era que todo iba bastante bien, por lo que nadie debería estar preocupado. En la primavera de 2008, cuando se consideró que España venía experimentando una desaceleración de su proceso de crecimiento, causada casi por completo por las turbulencias financieras procedentes del otro lado del Atlántico, consideraron que el bache podría manejarse a través de una rebaja impositiva temporal.
Esta decisión de política económica creó un agujero en las cuentas públicas, como sucedió con otros planes de estímulo adoptados entre 2008 y 2009 por los gobiernos occidentales, que tuvieron el efecto de incrementar el déficit público e iniciar una espiral fiscal adversa, cuyas consecuencias a largo plazo se pueden ver actualmente.
El estímulo no funcionó, la recesión sufrió un claro y dramático agravamiento. Hasta ese momento se mostró que la situación de la economía no era de desaceleración, sino de recesión. Sin embargo, pesaba más el argumento de una fuerte perturbación de la demanda causada por el excesivo endeudamiento de los hogares estadunidenses y el colapso financiero que esto había provocado. Así, las raíces internas de la crisis no se consideraron, por lo que la solución radicaba en sortear la situación internacional con estímulos a la demanda interna a través del aumento del gasto público, es decir, se consideró que no era un problema de crecimiento, sino simplemente una fluctuación cíclica normal.
La situación interna se mostraba complicada por varios problemas desde el hundimiento del sector de la construcción, que había venido desempeñando un papel protagónico en el crecimiento sostenido iniciado en 1995 y en el espectacular desplome que comenzó a mediados de 2007.
Otros dos factores que han contribuido a la crisis de la economía española, han sido la facilidad con que las empresas con problemas financieros pueden quebrar y ser sustituidas por otras más saneadas y el papel que desempeñan las cajas de ahorro para este propósito, así como la difícil y crónica situación del mercado de trabajo, que es un problema severo.
Sin embargo, hoy el tema más candente son los impuestos y el gasto público, ante los cuales se presentan dos escenarios: o bien el volumen de gasto público que el gobierno español ha inyectado en varias ocasiones ha sido insuficiente para activar la economía o esos instrumentos están reñidos con la realidad, por lo que deberían desestimarse como formas de orientar la política económica.
El aumento de la tributación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), tiene el propósito de mantener a raya las presiones financieras internas y externas, lo que sin embargo tendrá repercusiones en los bolsillos de los españoles, en el mercado laboral y en el PIB
Aunado a esto, el déficit, el endeudamiento público y el pago del servicio de la deuda hacen aún más complicado el panorama, por lo que España debe subir los impuestos y recortar drásticamente el gasto público, medidas costosas de adoptar.
De esta manera, la crisis financiera española podrá mejorar la situación de la economía en el corto plazo con las medidas de política económica que el gobierno español pretende implementar. No obstante, la estructura de la economía española debería ser observada desde la óptica de la construcción de la sociedad europea y de un desarrollo económico de largo plazo y por supuesto de la integración monetaria y del futuro del euro.
