La ciencia y la tecnología en los tribunales

Al margen de los procesos judiciales que siembran el miedo e incrementan el desaliento en la comunidad científica, es necesario insistir en que el país requiere impulsar urgentemente la investigación y el desarrollo tecnológico

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Las acusaciones que en los últimos meses han recibido 31 investigadores que pertenecen al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) del Conacyt, se están procesando como si hubiera habido operación de recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada, imputaciones que son tan graves como inconsistentes.

Resulta paradójico que desde el año 2002 y hasta febrero de 2020, los integrantes del Foro Consultivo fungieran como miembros de un organismo autónomo, donde una de sus principales funciones era la asesoría permanente de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuya titular promueve ahora las denuncias.

Más allá de si se justificaba o no la operación del Foro Consultivo, es de llamar la atención que las denuncias del Conacyt fueran desestimadas por un juez federal en dos ocasiones por presentar distintas inconsistencias, de acuerdo con el contenido de las notas periodísticas.

Inconsistencias de la acusación

El primer hecho se presentó el 10 de julio de 2020 con el argumento de una transferencia ilegal de recursos por 244 millones de pesos en el periodo de enero de 2013 a junio de 2019, situación que, en su momento, estuvo avalada por la legalidad que le otorgaba al Foro Consultivo la Ley de Ciencia y Tecnología; también se cuestionó su estatus como Asociación Civil, la cual está establecida también en la mencionada Ley que regula tanto al Conacyt como al Foro en comento.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra de los 31 investigadores derivando en una segunda petición de orden de aprehensión, que nuevamente fue rechazada porque los argumentos y las pruebas no eran suficientes.

La recomendación que hace el juez que conoció del caso a la Fiscalía fue perfeccionar el argumento antes de intentarlo nuevamente, toda vez que dicha instancia pretende solicitar una tercera orden de aprehensión; esta situación también es de llamar la atención, porque se observa un total desconocimiento legal por la parte demandante para construir un expediente… ¿o es desprecio manifiesto por la legalidad?

Cabe mencionar que el antecedente a esta judicialización del caso inició con un incumplimiento del Conacyt, al omitir la entrega de los recursos presupuestados para el Foro Consultivo, lo que obligó a la Asociación Civil a interponer un amparo, mismo que ganó y mediante el cual le fue restituido su derecho a recibir los fondos asignados. Ante este resultado, el Conacyt modificó su Estatuto orgánico para quitarle la autonomía al Foro, así como los recursos presupuestales que tenía asignados… ¿primera venganza?

Es penoso ver cómo la ciencia y la tecnología han transitado de los laboratorios y los cubículos a los tribunales.

Un sector que es fundamental en materia educativa, social y económica, cuyos objetivos están orientados a la solución de problemas del país y del mundo, en donde está representada la masa crítica del país, no puede ser acusado sin fundamento ni pruebas, merece un proceso transparente y con apego a derecho por parte de las instituciones gubernamentales. En el tema que nos ocupa, se omitió el diálogo previo o, posteriormente, al menos –en el respeto irrestricto a sus derechos- hacer del conocimiento de los implicados la carpeta de investigación.

Al margen del resultado final de un caso que siembra el miedo e incrementa el desaliento en la comunidad científica, es necesario insistir en que el país requiere urgentemente impulsar la investigación y el desarrollo, lo que no es posible con los limitados recursos presupuestales destinados a ese fin, ya que no alcanzan ni siquiera el 0.5% del Producto Interno Bruto (en 2019 fue de 0.28 por ciento), cuando el promedio de la OCDE es de 2.476% del PIB.

La proporción de investigadores mexicanos por cada mil empleados en 2018 fue de 0.998, cuando en la OCDE para ese año alcanzó 8.896 en promedio. En conclusión, se desvía la atención hacia un grupo de científicos, cuando las prioridades deberían ser el impulso de la investigación básica y de frontera y el desarrollo tecnológico, así como potenciar el talento humano, en lugar de perseguir e intimidar a un sector que ha sido parte de la formación de millones de jóvenes en este país.

Ojalá que prive la congruencia de la justicia para este caso y se revalore el trabajo científico que tanta falta hace a una sociedad ya de por sí polarizada y contaminada por la política y la corrupción.

Un país que abraza la delincuencia y busca encarcelar a sus científicos no tiene futuro.