El padre de uno de los actuales notarios peleó durante tres años una multa por parquímetro que le significaba pagar 15 pesos. El hombre dijo “no, si yo no perdí mi causa por qué la van a cobrar… aunque sean 15 pesos. Todo mundo dice ‘yo mejor la hubiera pagado’, pero no: hay que demostrar que la administración debe cumplir”. Â
Con este ejemplo, el investigador del Departamento de estudios jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Felipe de Jesús Garibay, alienta a los ciudadanos a exigir sus derechos para que se concrete la llamada Responsabilidad Patrimonial, la cual tiene por objeto fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los poderes del Estado.
Las ciudades sin baches no existen en ninguna parte del mundo -precisó el profesor- pero hay ciudades y estados con muchos de estos problemas y Jalisco, a últimas fechas, se ha distinguido por tener un pésimo servicio de reparación en cuestiones de la calle.
El problema es que en este caso específico intervienen dos factores: cuando el ayuntamiento repara el pavimento de las calles aumentan el presupuesto para obtener alguna ganancia y le meten materiales de ínfima calidad con un grosor menor del que necesita la reparación, entonces reparan nada más para el momento, no para el futuro, detalló Garibay.
El poco cuidado que ponen en la reparación hace que no dure mucho tiempo. En este caso tendrían que unirse los ciudadanos primero, para establecer una protesta y una exigencia, pues si se va a hacer una reparación, que se haga consciente de que tiene que durar, aunque es de esperar que luego argumenten que no hay presupuesto.
“Yo creo que habría que exigirles cuentas a los funcionarios, sobre todo en algunas de las obras que donde nunca hubo alguna publicación donde se especificaran los materiales, la calidad y la expectativa de duración. Simplemente echan a andar la rúa que arreglaron y ahí veremos luego”.
El ayuntamiento debe exigirles, desde la firma del contrato, una garantía. Garibay subrayó que de esta manera no ocurrirían situaciones como la que se da ahora con el túnel de la Avenida las Rosas, “Nunca nos imaginamos lo que iba a costar. Ya se habla de 50 millones de pesos más y el sufrido que lo paga es el pueblo: se está cometiendo un daño económico en perjuicio del contribuyente”.
El pueblo debe estar informado y unido para hacer la exigencia del cumplimiento exacto de la calidad de la obra. Pero una vez hecha y estando ya presente el agujero, hay una ley de responsabilidad patrimonial. “Lo que pasa es que nadie estamos dispuestos a litigar largos trámites. El litigio es un poquito desgastante y también hay que invertirle porque hay que pagar al abogado”.
La sociedad tiene que acostumbrarse a que la justicia aunque tardía sigue siendo justicia, y si se tiene ya la idea de que el pueblo pelea, se detiene más el administrador.
“La gente debe saber que vale la pena hacer el reclamo. Aún cuando sean conchudos o sordos para no oír la queja ciudadana, de todos modos al haber mucha exigibilidad pueden hacer que reconsideren la situación. Ahí tiene el caso del Cardenal, con tanta protesta optaron por decir ‘devuelvan el dinero’ y fue porque los ciudadanos estaban dale que dale”.
