El acceso a la información real y certera de las propuestas y jornadas de trabajo de los candidatos en plena campaña electoral federal y estatal, es uno de los temas que más se han discutido por diversos grupos –especialmente por los jóvenes universitarios– que exigen imparcialidad y objetividad, especialmente en los medios masivos de comunicación. En este marco se han dado a conocer bienes no declarados, conductas privadas de los candidatos o alianzas empresariales, políticas y civiles que han conformado éstos para su beneficio personal.
El desvío y uso de poder de la clase política nos lleva a sospechar de corrupción y falta de probidad. La integridad, honradez, lealtad, imparcialidad, legalidad y eficiencia son principios que exige nuestra constitución política, en razón de su cargo a los servidores públicos en los artículos 108, 113 y 134.
La imagen de autores, cómplices, encubridores o, peor aún, de indiferentes ante la corrupción, navega sobre el inconsciente colectivo cuando se habla de servidores públicos que se guían por el éxito económico y maximización de influencias a cualquier costo. De esta manera, la corrupción se convierte en un subproducto casi inevitable de lo que pareciera ser una epidemia de fin de siglo.
Uno de los últimos temas que ha levantado suspicacia son las alianzas mercantiles que diferentes actores y servidores públicos han establecido, como resultado de la amistad y confianza de ciertos consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) con candidatos a puestos de elección popular, involucrados en asuntos comerciales o de “amistades entrañables”: candidatos de diversas asociaciones partidistas y funcionarios electorales comparten aeronave y viaje al extranjero con objetivos poco claros, poniendo en duda la imparcialidad de las próximas elecciones del 1º de julio.
Aunado a esto se encuentra el inminente empleo de urnas electrónicas en dos de los 20 distritos electorales de la geografía electoral del estado, donde están involucrados 43 municipios.
Desde un punto de vista, que no es ni apasionado ni pesimista, es necesario exigir que el voto electrónico, realizado por medio de máquinas y programas que no están conectados a la red de redes (internet), debe ser examinado, especialmente en relación a la difusión a todos los ciudadanos del mecanismo de la elección, como condición fundamental para una formación democrática de su voluntad política. El control debe hacer hincapié en el secreto del voto y en que la intención de dicho voto no pueda ser modificada, lo que no puede ser garantizado en el uso de las urnas electrónicas.
La utilización de los aparatos electorales impide una revisión efectiva por parte de los ciudadanos, representantes de partido y observadores electorales, porque lo único que puede ser inspeccionado es el transfer que emite el aparato. La determinación del resultado dependerá sólo del equipo o urna electrónica, que emitirá al corte final al concluir el proceso electoral.
La confiabilidad del software instalado en los aparatos electorales sólo puede ser avalada por técnicos del IEPC, por lo que el resultado real dependerá de la capacidad, eficiencia y solvencia moral de los programadores.
El examen y permiso de la versión del software que se utilizará no es accesible a los ciudadanos o a las organizaciones políticas o no gubernamentales interesadas en la elección, por lo que todo el proceso queda en poder de unos cuantos, que no podrán ser cuestionados en ningún caso al no contar con los elementos suficientes para ello.
Al día de hoy no se han probado el cien por ciento del total de urnas que serán utilizadas por el público elector, con un gran riesgo de que algo falle en su instalación y operación durante la jornada electoral del 1º de julio y que involucra a la tercera parte de los 125 municipios de la entidad.
Las fuentes del software que se utilizará no son abiertas. Tampoco se puede verificar que éste no sea o haya sido manipulado. Una de las cosas que pueden ocurrir es otorgar votos a determinados partidos que no fueron los seleccionados por el votante, o el de repartir votos entre los partidos, según una proporción previamente fijada por los programadores, ya que el cambio del software es posible sin grandes dificultades.
Una persona con un breve entrenamiento puede cambiar las memorias en menos de cinco minutos, un especialista en menos de uno. Agregado a lo anterior, resulta que en las urnas se pueden observar con toda claridad los votos emitidos y a favor de quienes se emitieron, como lo muestran las fotografías tomadas en el simulacro del pasado 27 de mayo.
Si bien se tienen algunos casos exitosos del voto electrónico, hay otros, como el ocurrido en Alemania, donde invalidaron elecciones (por la Corte constitucional alemana) en 2007.
La eficiencia de los órganos electorales, tanto el federal como el estatal, estarán en completo escrutinio en la próxima elección. Recordemos que la legitimación democrática de la elección exige la capacidad de controlar el proceso electoral, para así poder excluir o corregir manipulaciones y refutar sospechas injustificadas, cosa que no está ocurriendo en el próximo proceso con las urnas electrónicas.
