La educación, como innegable valor social y producto cultural y civilizatorio de la humanidad, permite al hombre desarrollarse plenamente, apropiarse del valor de la cultura y del cúmulo de conocimientos que necesita para su desarrollo social e intelectual, razones por las que asume, dentro de la jerarquía de valores sociales, la calidad de derecho social inalienable.
Al ser constante demanda histórica de la sociedad y valor imprescindible para hacer del hombre un librepensador y ente activo y transformador de la realidad social y natural, la educación se instituye, por mandato constitucional, como un derecho social fundamental; de tal virtud, la educación adquiere la calidad de valor social superior, obligando al Estado y a sus estructuras de gobierno a brindar educación pública a quienes integramos el complejo social.
Esta obligación educativa del Estado es delegada a las instituciones y universidades públicas responsables de institucionalizar la educación, instancias que por su naturaleza educativa, adquieren la vocación ontológica de transmitir y generar el conocimiento, la difusión de la cultura y el compromiso social de gestionar los recursos financieros necesarios para hacer posible la viabilidad de la educación y en virtud de su naturaleza, asumen el principio ético de proteger y defender el derecho social de acceso a la educación pública, gratuita y laica, consagrado como derecho social en nuestra Constitución Política.
Ético, moral y legal, es entonces que las instituciones de educación pública implementen acciones con el propósito de obtener recursos financieros para satisfacer las funciones sustantivas en beneficio de la sociedad; cumpliendo están entonces con el imperativo deber que le impone el principio ético de impartir y defender la educación, pública, gratuita y laica. A su vez y en reciprocidad, los gobiernos de los Estados, tienen el deber moral, social y jurídico, por disposición constitucional, de proporcionar los recursos financieros necesarios para que subsista el derecho social de acceso a la educación. Imperativo deber del gobierno y no una cuestión de querer del Ejecutivo.
El presupuesto que se otorga a las instituciones de educación pública para que éstas cumplan con sus funciones es un deber del Estado, una obligación financiera de los gobiernos que se destinan a la educación, inversión que como gasto social genera riqueza intelectual para diferenciar lo que es una empresa de lo que es una institución educativa, inversión que concientiza ciudadanos, que forma profesionistas y que culturiza al hombre y a la sociedad, proceso fundamental para el crecimiento y desarrollo de las sociedades y de las naciones.
Manifiesta ignorancia de aquellos que ven la educación como algo etéreo o perdido en la distancia, que invertir en la transmisión y generación del conocimiento y en la difusión y extensión de la cultura, es una infructuosa inversión, con el mal planteado pretexto de que no se tienen los recursos para subsidiar la loable labor de educar y a tan noble institución educativa. Mala e ilegal inversión es el desvío de fondos públicos que como macrolimosnas se hacen para promocionar el supuesto turismo religioso, más aún, cuando devienen del erario público del Estado laico.
El Ejecutivo del estado no entiende la función social de la Universidad, la finalidad de las acciones que se realizan son para que el gobierno cumpla con el deber que le imponen las leyes y decretos constitucionales y como obligación le exige cumpla la sociedad. Las reiteradas negativas de brindar recursos a la educación pública son clara muestra de su falta de compromiso que tiene con la educación pública a pesar de haberse beneficiado de ella, fiel reflejo de falta de gratitud a la institución que lo formó y de capacidad política para gobernar.
Su lamentable actitud de menosprecio lastimó a tan noble institución, no tiene la calidad moral ni política para juzgar y descalificar las acciones que realiza la comunidad universitaria para preservar el derecho social de acceso a la educación pública, gratuita y laica, para y en beneficio de los que menos tienen. Esa sea precisamente su molestia, el que la Universidad imparta una educación libre de fanatismos y prejuicios religiosos, distante totalmente de sus creencias religiosas y principios políticos conservadores.Â
Los exabruptos del titular del Ejecutivo y de sus secretarios solamente muestran el desconocimiento que tienen de la misión y destino de la Universidad, recriminan de manera irónica las justas demandas que hace la institución educativa a favor del derecho a la educación, actitudes que denotan su falta de respeto, su proclividad por el conservadurismo y su patente desdén por la educación pública, normal para el sinarquista, por antonomasia enemigo histórico de la reforma juarista y por ende, de la educación pública, gratuita y laica.
Los recursos que se demandan serán utilizados para servicio y beneficio cultural de la sociedad, mas las acciones emprendidas por la comunidad universitaria son para hacer valer el derecho constitucional que nos legaron los revolucionarios constitucionalistas, hacer realidad el derecho social de acceso a la educación pública y defender la gratuidad y laicidad de la educación. En la medida en que se restrinjan los subsidios, este derecho social se irá decantando en perjuicio de la sociedad, la que con sus votos lo llevó a ocupar el Ejecutivo del estado; qué manera de agradecerles: regateando los recursos para su educación, ¡gracias señor gobernador!
