Las coordenadas económicas del país, se han visto trastocadas como resultado de las políticas macroeconómicas y económicas adoptadas en los últimos nueve años, y por la suma de los efectos ocasionados por las distintas crisis que hemos padecido recientemente: seguridad, financiera y de salud. Todo ello se ha conjugado para trastocar aún más la distribución de la riqueza en el país al agudizar las insuficiencias y carencias económicas de esa especie en extinción llamada clase trabajadora y para subrayar, todavía más, la concentración de la riqueza por parte de los denominados amos de México.
Otro de los efectos de esa crisis conjugada se relaciona con el hecho de que los distintos referentes que los agentes económicos tomaban en cuenta para la toma de decisiones hoy parecen no tener sentido.
Los niveles de la tasa de interés y el tipo de cambio, por ejemplo, se han venido determinando de manera que parecen operar no en favor de incentivar y promover el crecimiento económico sino de velar por los intereses de unos cuantos. Para la gran mayoría de los agentes económicos nacionales esas variables pesan más por sus efectos perniciosos.
¿Cuántos productores pequeños y medianos toman en cuenta la tasa de interés para tomar cualquier decisión? ¿Para cuántos consumidores ha dejado de tener sentido las tasas que se les cobra por motivos de consumo? Igual sucede con lo que antaño se consideraba como otro de los impulsores de la economía: el gasto público.
Los distintos niveles de gobierno se han apurado para hacer de este poderoso instrumento económico una fuente de empleos que sólo se replica, de manera limitada y confidencial, clientelar, al interior del mismo aparato de servicio público en detrimento de la inversión pública orientada a mejorar y ampliar la formación del capital social. Los cuates o simpatizantes del partido en el poder y no los proveedores del sector público están atentos a los avatares del gasto “público”.
Otra restricción: Los motores de la economía ya no se encuentran dados por la dinámica dictada por la economía pública o por el sector externo. La atonía y crisis de las finanzas públicas y las restricciones impuestas por la limitada demanda externa han sido suficientes para dejar sin brújula económica al país. Los llamados a fortalecer la demanda interna encuentran el páramo de los efectos de las políticas económicas que desarticularon la integración de lo que alguna vez se llamo “aparato productivo nacional”.
Hoy sólo queda la insularidad de ciertas áreas económicas que, protegida por la informalidad y la inseguridad, se constituyen como bastiones de un poder económico que sólo de vez en vez se anima a mostrar algunos perfiles de su rostro: la corrupción y la convivencia cómplice de algunos de los sectores de la política y la empresa.
Por ello no queda más que aceptar que por causa de las crisis el país cambió: no pueden coexistir una crisis de seguridad, una crisis económica financiera internacional y una epidemia de una enfermedad desconocida, sin dejar huellas en la sociedad.
En consecuencia, debemos analizar el carácter y dimensión de los cambios ocurridos. Un lugar común entre los economistas rezaba que “en tiempos de crisis habría que pensar la economía”. Volver a ella como el tratado de los asuntos ordinarios que ocupan a la gente ordinaria, tal y como quería George Bernard Shaw. O quizás más propiamente: a retornar a los principios de economía política, entendida ésta como las fuentes, usos y limitaciones del poder económico.
Como no ocurre eso, lo más fácil es recurrir a la ocurrencia, a la desfachatez intelectual y profesional, al lugar común. Y por eso nadie da pie con bola. Para explicar el carácter de la crisis lo mismo se equivocan los inefables miembros del gabinete económico del presidente Calderón que los representantes empresariales y los más conspicuos analistas económicos. Todos, con una mezcla de voluntarismo no exento de cierta malicia, se apuran a ofrecer las más descabellados e irrisorios respuestas a preguntas pueriles, inocuas. A la pregunta de: ¿Cuáles son los efectos económicos originados por la pandemia? La misma (o casi) que las que padecimos en ocasión de la crisis de 1994, dicen algunos. Otros, hasta señalan montos en términos de pérdida de empleos, inversión, exportaciones, etcétera.
Lo cierto es que nadie ha calculado y mucho menos analizado, desde la aritmética económica más elemental, los efectos no de esa crisis sino de todas ellas. Nadie ha ofrecido una respuesta a ese galimatías económico que hoy se denomina aparato productivo nacional.
En ese sentido, salvo algún ejercicio académico más o menos claro, nadie habla hoy de la economía política del narcotráfico, de la globalización financiera internacional y de la seguridad social.
Todas ellas coexisten como una suma de intereses económicos en las que aparece sólo la lucha por el poder económico. En ese contexto, las medidas de política económica implementadas por el gobierno parecen seguir la inercia de esquemas que no atinan por dar cauce decidido a medidas del estado benefactor o medidas populistas.
Las directrices del ejercicio económico del sector público no constituyen hoy claves seguras para la toma de decisiones en el nivel micro, meso o macroeconómico. Por ello, los agentes productores y consumidores se encuentran extraviados. Ya ni siquiera existe la certeza de que el Estado administra la crisis. La percepción es que las cosas son al revés… El llamado de la selva de las leyes de mercado imponen su cuota que desquicia, aun más, los escasos elementos ordenadores de la economía.
Hoy lo que queda es realinear los distintos factores del poder económico formal e informal para que contribuyan a reorganizar, junto a una política macroeconómica sustancialmente corregida y un ejercicio del gasto publico orientado a su componente de la inversión orientados a promover condiciones amigables tanto para una mayor producción como para un mejor consumo.
