Educación superior gratuita y libre de violencia de género

El reto para el cumplimiento de la nueva normativa aprobada por la Cámara de Diputados, será que las instituciones públicas reciban el financiamiento que garantice la ampliación de la cobertura con calidad y equidad, lo que no se ve cercano

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La recién aprobada Ley General de Educación Superior por parte de la Cámara de Diputados, que abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior expedida en 1978, da pasos agigantados en dos sentidos.

Primero, al establecer la gratuidad de este nivel educativo en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, aunque será de forma gradual a partir del año 2022, dado que requiere una elevada inversión de las instancias gubernamentales para cumplir con este decreto.

La segunda, se explícita la violencia de género en las IES y se establecen las medidas para alcanzar espacios libres de violencia y discriminación, específicamente contra las mujeres, dentro de un sistema educativo nacional que consta de más de cuatro millones de estudiantes de licenciatura y posgrado, con 5 mil 716 escuelas, de las cuáles el 40% son instituciones con sostenimiento público y el 60% privado.

Otro logro de enorme importancia, es la garantía de respeto a la autonomía universitaria, ya consagrada en el Artículo 3º Constitucional, que merece comentarse por separado.

Cabe mencionar que la educación superior tiene una deuda pendiente con todos los jóvenes del país, porque solo un 30% accede a este nivel educativo, por lo que el 70% de los aspirantes no encuentra un lugar en las universidades.

De acuerdo con los datos del INEGI, del total de la población de 20 a 30 años, solamente el 16.2% asiste a la escuela, el 83.8% no lo hace por diversos motivos, entre ellos la falta de dinero o trabajo (29.5%) o por manifestar problemas personales o académicos en la escuela o por no haber escuela ni cupo (6%) para ser admitidos.

La falta de oportunidades impacta en las expectativas de futuro de la juventud y en la necesaria profesionalización del mercado laboral.

Por otra parte, la violencia contra de las mujeres en las IES es una realidad. Un acercamiento a este tema se percibe en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE-INEGI, 2020), donde el 40.6% de la población de 18 años y más se siente inseguro en la escuela, en el caso de las mujeres la cifra se eleva al 47%; además, un 7.6% de los estudiantes dejó de ir a la escuela por temor a ser víctima de algún delito, para las mujeres este porcentaje crece al 8.2%; asimismo, un 33.5% considera la existencia de un problema de delincuencia cerca de las escuelas (la percepción de las mujeres es de 35.3%).

Por tanto, la visibilidad de la violencia de género en la Ley General de Educación Superior (2021), coadyuvará a modificar una situación que está presente en mayor o menor medida en todas las instituciones educativas, y a reforzar sus acciones mediante la aplicación de lo propuesto en el Artículo 43, donde se establecen las medidas a considerar en las IES en tres ámbitos de competencia: 1) la institucional; 2) la académica, y 3) en la prestación del servicio.

Respecto a la primera se orienta a crear las instancias correspondientes para dar seguimiento a los protocolos para la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia, específicamente para las mujeres, esto implica elaborar los diagnósticos programas, protocolos y capacitación, entre otras acciones, para cumplir con lo dispuesto, una medida en que la UdeG ya tiene importantes avances; en el segundo caso, se hace referencia a considerar contenidos educativos con perspectiva de género, así como fomentar la investigación multidisciplinar en este campo, y, finalmente, en el tercero, se deberán generar condiciones de garantías para un entorno seguro dentro y fuera de las instalaciones educativas.

El reto para el cumplimiento de la ley, será que las instituciones educativas públicas reciban el financiamiento que garantice la ampliación de la cobertura con calidad y equidad, lo que no se ve cercano, porque la apertura de más espacios implica tener la infraestructura académica, tecnológica y el recurso humano necesario y no parece haber ninguna disposición fiscal para ello.

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