El 8 de agosto de 2012, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, firmó el decreto de la reforma constitucional en materia política, que incluye, entre otras cuestiones, las candidaturas ciudadanas. Con esta reforma a la fracción II del Artículo 35 constitucional, los mexicanos, en su calidad de ciudadanos, pueden solicitar el registro como candidatos a cualquier cargo de elección popular. Es decir, las candidaturas ciudadanas o independientes serán formuladas y registradas por los ciudadanos en lo individual, al margen y sin la mediación de los partidos políticos que cuenten con reconocimiento de parte de los órganos electorales de este país.
Este tipo de candidaturas no son necesariamente nuevas, ya que fueron la forma tradicional de competir en la política electoral nacional antes de 1946, año en que se confirió a los partidos políticos la exclusividad para postular candidatos a los diferentes puestos de elección popular.
Con esta nueva normatividad, que tampoco es nueva a escala mundial, ya que 89 países la consideran, México entró en una nueva etapa de competencia política, la que tendrá diferentes repercusiones para las campañas electorales, principlamente las de nivel local.
¿Qué cambios generarán las candidaturas ciudadanas al sistema de partidos políticos, al régimen de competencia electoral y, sobre todo, a la forma como se organizan las campañas electorales en México? ¿De qué manera las nuevas reglas de la competencia electoral impactarán en el modelo de campaña política predominante y qué transformaciones al régimen de competencia se espera a raíz de esta reforma constitucional?
Efectos políticos
Las repercusiones que las candidaturas ciudadanas traerán consigo, serán las siguientes:
Se prevee la participación de más actores en la vida político electoral, ampliándose el número de candidatos a los puestos de elección popular, principalmente a escala local.
También está previsto el debilitamiento del sistema de partidos políticos, en la medida de que ya no podrán monopolizar la postulación de candidaturas a los diferentes puestos de elección popular.
Considera la realización de campañas polarizadas en dos grandes bloques: las apoyadas por partidos políticos y las que se definen como candidaturas ciudadanas o independientes, apoyadas por la sociedad. Este último tipo de campañas tratarán de explotar la crisis de imagen del sistema de partidos políticos tradicionales y el enfado social que existe en contra de este tipo de instituciones políticas.
Habrá una mayor tendencia hacia la personalización de la política electoral, en que los ciudadanos tendrán un mayor protagonismo político, pero también propicia el fortalecimiento de caudillos, personajes fuertes y caciques regionales.
Habrá una mayor pluralidad y diversidad de candidatos a los diferentes puestos de elección popular, ampliándose el abanico de opciones de elección.
Al no ser considerada la segunda vuelta, se atomizará el nivel de representatividad de los gobernantes electos, llegando a ocupar un puesto de representación pública con un menor número y porcentaje de sufragios, lo que repercutirá en el nivel de legitimidad social de los nuevos gobiernos.
Al ampliarse el número de candidatos, que prevista una reducción del monto presupuestal dedicado a las campañas, así como de los espacios en medios de comunicación a través de los tiempos fiscales asignados a los partidos y que tendrán que compartir con las candidaturas ciudadanas.
Atiende al principio de equidad en la contienda electoral, establecido en la constitución política mexicana, cuando éste sea vulnerado en la medida que los candidatos postulados por algunos de los partidos políticos tengan una serie de ventajas políticas y presupuestales por encima de los candidatos ciudadanos.
El régimen de competencia politico-electoral se verá fortalecido con la incorporación de las candidaturas ciudadanas, siempre y cuando el umbral de requerimientos para su registro no sea muy riguroso.
Generará cambios en las formas como se organizan las campañas electorales, fortaleciéndose la tendencia, principalmente a nivel local, de impulso de campañas por contacto directo y las cibercampañas.
El modelo de campaña predominante y su gestión juridica-institucional será eminentemente más complejo, por el número de actores (candidatos) participantes.
Comentarios finales
En los últimos años se han realizado en México diferentes reformas en materia electoral, las que han impactado en el sistema de competencia política. Por ejemplo, la reforma, aprobada a fines de 2007, fue una reforma de época, progresista y eminentemente democrática, producto de un acto reivindicatorio de los poderes públicos legalmente constituidos, en lo particular de los poderes legislativos nacional y locales, cuyo objetivo central fue generar mejores condiciones de equidad para asegurar una disputa equitativa y civilizada de los espacios de representación pública entre los diferentes actores, grupos y partidos políticos legalmente constituidos.
En agosto de 2012 fue realizada otra reforma política, que bien puede ser considerada complementaria a la reforma constitucional en materia electoral de 2007, en la que aprobaron las candidaturas ciudadanas o independientes. Con esta reforma se espera ser generadas condiciones para una mayor competencia política, en las que habrá más tensión para el sistema de partidos políticos y se espera puedan aumentar la participación de los ciudadanos en las elecciones, sobre todo en los procesos políticos locales.
Esta reforma también atiende a la participación de más actores en la vida político electoral, ampliándose el número de candidatos a los puestos de elección popular, principalmente a escala local. De la misma forma habrá una mayor pluralidad y diversidad de candidatos a los diferentes puestos de elección popular, ampliándose el abanico de opciones de elección. Igualmente será mayor la tendencia hacia la personalización de la política electoral, en que los ciudadanos tendrán un mayor protagonismo político. Finalmente, el régimen de competencia político electoral se verá fortalecido con la incorporación de las candidaturas ciudadanas.
