El de Francisco Javier Ramírez, del que no se sabe nada desde el pasado 31 de febrero, se suma a los 2 mil 177 casos de personas desaparecidas que han sido contabilizadas en Jalisco hasta el año pasado, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República, el cual ubica a la entidad como la segunda con mayor cantidad de casos, sólo detrás de Tamaulipas.
En el anuncio publicado en las redes sociales, donde solicitan ayuda para localizar al joven de 32 años, se puede leer que la última vez que fue visto conducía su camioneta en el municipio de Ahualulco de Mercado —de donde es originario—, sin que hasta el cierre de esta edición sea conocido su paradero.
En los primeros años de la administración del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fueron reportados mil 441 casos de personas desaparecidas, más de la mitad del total de casos existentes, informó en un comunicado la agrupación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ).
El número de casos está relacionado con el aumento de los crímenes ligados a la delincuencia organizada y el narcotráfico, y producto de las políticas de seguridad implementadas desde el nivel federal en la administración de Felipe Calderón y retomadas por el actual gobierno, asegura el investigador de la Universidad de Guadalajara, Dante Haro Reyes.
“Desató el número de delitos de delincuentes contra delincuentes, donde en medio está la sociedad civil”.
El investigador enfatizó que esto no significa que las personas desaparecidas hayan estado necesariamente vinculadas con el crimen organizado.
“Por un lado está la pugna interna, la lucha entre cárteles, pero no se trata de generalizar, sino que han caído ciudadanos de todo tipo, sin importar el estatus de los mismos”.
En general en México se estima que desaparecen 13 personas al día, es decir, que una persona desaparece casi cada dos horas. Hasta octubre de 2014 había registrados más de 23 mil casos, por lo que la cifra de Jalisco representa alrededor del 10 por ciento del total.
De ésos, informó el especialista de la UdeG, más del 40 por ciento corresponde a jóvenes de entre 14 y 30 años.
“Hay una correlación directa, porque son los peones en el ajedrez. La ficha más insignificante, esa la juegan los jóvenes, la carnada que a diario usa la delincuencia organizada para cometer delitos”, comentó el profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
Explicó que Jalisco ocupa una posición estratégica, ya que “tenemos entrada de materia prima para la droga, que llega de Asia por el Pacífico, por el puerto de Manzanillo, el puerto de Lázaro Cárdenas y aquí la distribuyen. No en balde, Michoacán, Jalisco y Nayarit ocupan los primeros lugares en instalación de narcolaboratorios”.
Desapariciones de Estado
En el tema de las desapariciones forzadas, el gobierno de la república se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas a redactar una Ley General sobre Desapariciones Forzadas a más tardar en junio.
El compromiso fue presentado por el gobierno de la república en un informe ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, el pasado 13 de febrero, a lo que la organización respondió con una serie de recomendaciones.
Entre éstas, sugiere la promulgación de la declaración de ausencia por desaparición de una persona, pues en México la alerta Amber, que se aplica actualmente, es sólo para menores de edad y no se activa en todos los estados.
“Existen serias dificultades en la práctica, en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos y, en particular con relación a la búsqueda de las personas desaparecidas, porque no siempre se inicia de forma inmediata”, dice la ONU entre sus recomendaciones.
“Por eso los padres —de los 43 normalistas de Ayotzinapa— se fueron a nivel internacional, exigiendo que el gobierno mexicano haga algo, y esperemos que el jalón de orejas pueda meterlos en el redil, primero en la parte jurídica, en la legislativa y luego en la operativa, en donde más se requiere”, aseveró Dante Haro Reyes.
El especialista señaló que la inoperatividad de otras legislaciones, como la Ley General de Víctimas, “sólo es el marco. No hay caminos, no hay leyes reglamentarias, no hay procesos para hacer realidad lo que se está planteando: dar garantías a los ciudadanos acerca de la reparación del daño y sobre todo una certeza para que haya obligatoriedad de que con todas las víctimas se forme un banco general de datos de desaparecidos”.
