En la campaña de 2000, el Partido Acción Nacional (PAN) y su candidato presidencial, Vicente Fox, prometieron impulsar una “revolución educativa” como premisa fundamental de la alternancia que le proponían a los mexicanos. De manera que entre el 2001 y el 2010 la inversión federal y estatal para educación básica alcanzó los tres billones 167 mil millones, poco más de 30 puntos porcentuales del PIB.
El 90 por ciento de los recursos se destinaron a pagar los salarios de los trabajadores de la educación; también los canalizaron al mantenimiento y construcción de escuelas, la formación y capacitación de maestros en servicio.
La creación de programas como Enciclomedia, Escuelas de calidad y Formación continua de maestros, incluso trascendieron la lógica sexenal. De ellos, Enciclomedia fue un escándalo por la manera en que la implementaron y no demostró que contribuyera a mejorar la calidad de la educación. Los incrementos salariales para los maestros, en promedio anual, fueron del 8.8 por ciento, incluidas prestaciones.
Otro ejemplo es la modificación de la Ley General de Educación, que obliga a la federación y los estados a invertir el ocho por ciento del PIB para educación, que a la fecha no ha superado la barrera del seis por ciento.
Diez años después de la promesa de Fox, el PAN presume una mayor cobertura en los servicios de educación básica. Según el censo 2010, la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela aumentó del 91.3 al 94.7 por ciento entre 2000 y 2010 y la de 15 a 24 años que se mantiene en la escuela pasó del 32.8 al 40.4 por ciento en el mismo lapso. La tasa de analfabetismo en personas mayores a 15 años se redujo del 9.5 al 6.9 por ciento en la misma década.
El gobierno de Fox recibió los resultados de la primera evaluación internacional que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés).
Los resultados revelaron que los gobiernos priistas habían dejado un sistema educativo en que cuatro de cada 10 alumnos no comprendía lo que leía y cinco de cada diez no era capaz de realizar tareas matemáticas elementales.
Al mismo tiempo, con la llegada del primer gobierno panista ingresó a las aulas la llamada “generación de la transición democrática”, en el ciclo escolar 2001-2002.
Nueve años después, al concluir la secundaria, cuatro de cada 10 estudiantes de esa generación egresaron sin comprender lo que leían y cinco de cada 10 no sabían realizar tareas matemáticas elementales. Es decir, no se avanzó nada.
El especialista del ITAM, Eduardo Andere, señala que la pobreza conspira en contra de la mejora de los aprendizajes, pero reconoce que no compete de manera exclusiva a la SEP atenderla, sino al conjunto de las instituciones del Estado.
En respuesta a los primeros resultados hechos públicos sobre el aprovechamiento escolar, PISA 2000, el gobierno de Fox convocó a la firma del Compromiso Social por la Calidad de la Educación.
El compromiso fue firmado por el gobierno federal, los gobernadores, el Congreso de la Unión, las universidades, empresarios y padres de familia, y estableció, entre otros puntos, que las plazas de maestros, directores y supervisores se asignarían a través de concursos de oposición.
Los legisladores se comprometieron a destinar en el presupuesto de egresos al menos el ocho por ciento del PIB al financiamiento del sistema educativo nacional; mientras que las universidades acordaron fortalecer la vinculación entre la educación básica, media superior y superior para la formación y capacitación continua de maestros.
Desde la modificación del artículo 25 de la Ley General de Educación en enero de 2005, hasta la fecha, nunca se ha asignado el ocho por ciento del PIB al sector; el año que tuvo la inversión pública más alta fue 2009, con 5.4 por ciento, de acuerdo con los informes de Hacienda.
Alejandro Canales, especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (ISUE), de la UNAM, asegura que no existe una relación directa entre el gasto educativo y la mejora de la calidad.
Hay procesos y compromisos pactados que a la fecha no registran avances: la reforma del Programa de carrera magisterial, la evaluación y certificación de las competencias docentes; la asignación de plazas de directores a través de concursos de oposición; el sistema nacional de información educativa y el sistema nacional de evaluación
Canales menciona que las administraciones panistas no generaron un cambio importante en la política educativa. “Continuaron las mismas líneas de acción. Pocas iniciativas se han hecho manifiestas. El cambio más relevante de la política educativa de las administraciones panistas ha sido el nuevo tipo de relaciones entre los titulares de la SEP y la dirigencia magisterial”. Por igual, ceder al SNTE parte de la responsabilidad que tiene el gobierno federal en la conducción del sistema educativo.
