Las armas de fuego están matando a más jóvenes en el país que las enfermedades crónico-degenerativas, revela una investigación realizada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), la cual arroja asimismo que en la actualidad las autoridades no tratan la violencia desde una perspectiva de salud pública.
Según datos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el período de 2010 a 2012 los homicidios quitaron más años de vida que los accidentes de tráfico y, en los hombres, más que las enfermedades isquémicas del corazón.
El peso de estas muertes recae en mayor medida en jóvenes de 20 a 29 años, a diferencia de las muertes por enfermedades del corazón, que afecta principalmente a la población adulta.
Esta premisa es resultado del trabajo titulado “Impacto de las armas de fuego en la esperanza de vida en la población”, a cargo de Guillermo José González Pérez, investigador del Centro de Estudios en Salud, Población y Desarrollo Humano del Departamento de Ciencias Sociales del CUCS.
“La tecnología y las condiciones de vida actuales permiten que las personas puedan vivir en promedio 80 años, y si una persona muere a los 25 años, además de que su vida se trunca, tiene un impacto económico social, porque una persona deja de ser útil por 40 años”, acotó González Pérez.
En colaboración con María Guadalupe Vega López y Armando Muñoz de la Torre, investigadores del Departamento de Ciencias Sociales del CUCS, analizaron datos oficiales sobre las principales causas de mortalidad recopilados en la clasificación internacional de enfermedades, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Salud.
“Las armas de fuego han sido tan o igual de importantes como la diabetes, que es la principal causa de muerte en el país; más importante que los accidentes de tráfico, que las muertes isquémicas y del corazón y que los tumores malignos”, agregó.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los homicidios juveniles encarecen los costos de los servicios sanitarios, sociales y además reduce la productividad y devalúa los bienes de un país.
La propuesta del cuerpo de investigadores para resolver esta problemática es implementar programas de prevención desde el sector salud, que acompañen las campañas de desarme, como la que dio inicio el pasado 24 de abril en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
