La resistencia de los últimos cuatro años y la herida psicosocial de los menos de 500 habitantes de Temacapulín, ha llamado la atención de Elvia Susana Delgado Rodríguez, profesora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).
Durante este tiempo desarrolló su tema de tesis doctoral: “Trauma psicosocial y resistencia en comunidades amenazadas de despojo por la construcción de las represas El Zapotillo y Las Cruces”.
“Me interesa enfatizar que los procesos de construcción de grandes represas son un peligro para las poblaciones, puesto que cierne sobre ellas la amenaza del despojo total o parcial de sus territorios; y al mismo tiempo, pueden convertirse, y por lo general se convierten, en un desastre”, menciona en uno de sus textos.
Principalmente, el no tener recursos necesarios para resistir ante la amenaza de despojo, señala Delgado, genera un trauma psicosocial con consecuencias directas indeseables, como la ruptura del tejido comunitario.
La investigación apunta los síntomas que las relaciones sociales, en lo colectivo, se manifiestan en Temaca.
Miedo, incertidumbre, enojo, tristeza, enfermedad son parte de los que la académica califica como un trauma significativo, por la cantidad de sujetos que impacta.
La organización que mantienen los habitantes con reuniones que se intensificarán, pasando de una periodicidad de quince a una de cada ocho días, así como marchas y manifestaciones públicas, como la del pasado 6 de julio en Plaza de Armas en Guadalajara, mitigan el trauma que supone la construcción de la presa.
Así como sus logros: la controversia constitucional 93/2012, con más de 20 amparos promovidos, ocho más en trámite, de los cuales tres lograron la suspensión definitiva de la cortina, ratificados en 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; dejándola a treinta centímetros debajo de los 80 metros.
“La lucha de Temacapulín en términos jurídicos es una resistencia exitosa, pues ha logrado ganar juicios de amparo, controversias constitucionales, parar las obras de construcción del nuevo centro de población, visibilizar las irregularidades jurídicas, administrativas, las violaciones de sus derechos humanos y culturales; e incluso a pesar del gran avance de la obra, se logró parar los trabajos de construcción de la presa”, señala Delgado.
Sin embargo, reconoce que los esfuerzos no han sido suficientes para resolver el conflicto y la amenaza sigue.
Para la defensa de los derechos humanos de la población, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) evidenció en los resultados del Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde —estudio que costó al gobierno estatal 4.5 millones de dólares— que “Las acciones concretas en materia de reconocimiento, defensa o prevalencia de los derechos humanos de los afectados de poblaciones minoritarias a causa del proyecto El Zapotillo, aún no son claras”.
Además, señala como resultado de estudio de 18 meses que el derecho a la libertad y desarrollo se verían coartados “si con acciones u omisiones se toman decisiones contrarias al deseo de la población”.
Resalta que el acompañamiento de universidades, organizaciones no gubernamentales y sector privado es necesario para permitir la participación de los habitantes, entre ellos y con los representantes de la población mayoritaria de Guadalajara y de los Altos de Jalisco.
