La llegada de dreamers podría ser una oportunidad en favor del desarrollo económico de México, ya que muchos de ellos tienen preparación académica y conocimientos en los campos científico y tecnológico que podrían poner al servicio del país, afirmó Carlos Iván Moreno Arellano, titular de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, de la UdeG.
Así lo señaló el funcionario universitario luego de la inauguración del Primer Foro sobre Política Exterior Mexicana, “Retos y actualidades de la política exterior de México”, que tuvo lugar en el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá).
El momento que podría vivir el país con el retorno de estos jóvenes que nacieron en México pero que entraron de manera ilegal en Estados Unidos, Moreno Arellano lo comparó con la llegada de intelectuales españoles a raíz de la Guerra Civil en España, que propició aquí un impulso intelectual, social y técnico.
La ventaja para México dependería de saber aprovechar la llegada de estos jóvenes. Para ello, es importante lograr estrategias concretas con planes ambiciosos a mediano y largo plazos, además de una política de Estado en la que se involucren todos los órdenes de gobierno, instituciones educativas, gubernamentales y sociedad civil.
Señaló que la decisión del Presidente Donald Trump de poner fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a jóvenes que entraron de manera ilegal a ese país cuando eran niños, es una decisión errónea desde la perspectiva económica.
La expulsión de los dreamers podría implicar un costo de alrededor de 60 mil millones de dólares al gobierno estadounidense, de acuerdo con estudios realizados por el Instituto Cato, una organización sin ánimos de lucro.
Destacó que es más barato construir el muro que deportar a los dreamers. “El precio estimado para construir el muro fue de 20 mil millones de dólares y los congresistas pusieron el grito en el cielo”, reveló.
El esfuerzo que tendría que hacer el gobierno de ese país es masivo, e implica redadas, contratación de personal, proceso de traslado y jurídico, por lo que es complicada su expulsión, y con un impacto en la economía estadounidense que se estima en cerca de 280 mil millones de dólares en los próximos diez años.
El titular de la CGCI destacó que Estados Unidos ya invirtió en la educación de estos jóvenes. Alrededor de 70 por ciento de los dreamers tiene estudios universitarios en ese país, algunos de maestría y doctorado. “Se trata de jóvenes altamente capacitados. Hay quienes trabajan en empresas tecnológicas”, resaltó.
Su expulsión dejaría a aquella nación sin una fuerza laboral e intelectual muy importante. Se habla de cerca de 800 mil jóvenes protegido de la deportación por el DACA, alrededor de 78 por ciento de los cuales son de nacionalidad mexicana.
