Menos de 10 por ciento de los delitos relacionados con la trata y tráfico de personas son denunciados y penalizados en México, afirmó María Antonia Chávez Gutiérrez, investigadora del Departamento de Desarrollo Social, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), durante la ponencia “Trata y tráfico de personas en Latinoamérica: dilemas y desafíos”.
Explicó que la gente no denuncia por muchas causas: pérdida de credibilidad en el sistema de justicia, sentimiento de amenaza, de agresión y carencia de protección a las víctimas que denuncian. Además no se tiene el suficiente conocimiento de la ley para hacer la aplicación efectiva.
Las penas para los tratantes van de cinco a quince años, y varían de Estado a Estado. No hay una homologación. Chávez Gutiérrez destacó que si bien en México se han actualizado las leyes, los instrumentos jurídicos ni siquiera están siendo dominados por profesionales del ámbito jurídico. Por lo tanto, tienen una aplicación muy débil.
México es uno de los países de mayor riesgo en términos de posibilidades de trata y tráfico de personas, sobre todo por la posición geográfica estratégica, donde hay el flujo de todos los migrantes centro y sudamericanos.
