Cerca de 332 mil millones de pesos que se entregan por parte de la Federación a estados y municipios en México se gastan de forma discrecional y no se fiscalizan. Y aunque la última reforma estructural aprobada por el Congreso de la Unión a propuesta del Gobierno de la República pretende evaluar y vigilar el ejercicio de esos recursos, implementar semejante sistema de auditoría implicaría un gasto mayúsculo.
Así lo revela el académico Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), en su ensayo “La fiscalización del gasto federalizado: los retos de la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción”, con el que obtuvo el primer lugar del XV Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas que organiza la Auditoría Superior de la Federación.
Dijo que en la actualidad sólo se fiscaliza el ramo 33 y no el ramo 28, lo que significa que solamente se audita el 54 por ciento de este presupuesto. El restante 46 por ciento se queda en la oscuridad. En Jalisco, por ejemplo, solamente se auditan 21 mil 334 millones de pesos por año y 23 mil 915 millones suelen gastarse en la opacidad. Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el 27 de mayo pasado, en un futuro próximo la Auditoría Superior de la Federación podrá auditar todas las participaciones federales.
“La idea es que una de las cuestiones que se evalúe es el gasto federalizado, el dinero que la federación otorga a los estados y municipios para efectos de tratar de equilibrar las diferencias que hay en el grado de desarrollo del país”.
La inminente vigilancia implica poner la lupa en casi la mitad de los recursos de la Federación hacia los estados y municipios que no se fiscaliza, pero hay otros aspectos a evaluar.
“Vamos a suponer que estos dineros se fiscalizan y se supervisan, la pregunta es: ¿Cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a costar el hecho de implementar una reforma estructural de esta magnitud? Esto es justamente el tema del ensayo: ver en términos prácticos que toda reforma estructural requiere recursos, no es gratuito implementarla”, agrega.
Explica que los recursos federales en algunos municipios, que dependen de esta partida, llegan a representar el 90 por ciento de sus ingresos.
“Es bastante dinero, es el que se utiliza para tratar de financiar el desarrollo, y para esos niveles de recursos nos encontramos que en estados como Jalisco al año tenemos alrededor de 21 auditorías. Lo que significa en términos prácticos, es que vamos a tener que implementar de forma significativa los esfuerzos de fiscalización. En Jalisco se va a incrementar en 112 por ciento el número de auditorías; en Tabasco, el 171 por ciento, es el que más incremento tendrá; le siguen Nuevo León, Sonora y Jalisco. Donde menos se va a incrementar es en Guerrero, Oaxaca e Hidalgo”, dice Ruiz Porras.
De 175 naciones, México se encuentra en el lugar número 103 según el índice 2014 de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. Por eso urge tapar esa coladera de discrecionalidad.
“Paradójicamente, es una reforma estructural de la que poco se habla en los medios. México requiere un mayor control del gasto público. Nos hemos tardado en ello. En la contabilidad privada se sabe qué es un gasto, mientras que en la contabilidad pública se desconoce cuánto se tiene y cuánto se gasta. Ese es el gran problema”.
El premio al doctor Antonio Ruiz Porras, se entregará a finales de noviembre en Querétaro, ante la presencia de representantes de las instituciones convocantes: la H. Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, la UNAM, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). El ensayo ganador se publicará en el sitio web de la Auditoría Superior de la Federación el próximo 25 de noviembre.
