Siglos atrás, los piratas, antiguos ladrones del mar dispuestos a acumular riqueza y fortuna a cualquier precio, se convirtieron en leyenda por sus embustes y su diestro manejo de las armas. En la actualidad han cambiado las espadas y los grandes barcos por tecnología de avanzada, que les permite reproducir medicinas, películas, videojuegos, ropa, calzado, libros, bebidas y un sinnúmero de productos, utilizando de manera ilegal marcas comerciales establecidas.
Durante los últimos tres años han confiscado 111 toneladas de medicamentos irregulares en diversos estados de la república mexicana. Según la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la piratería en medicamentos representa para ese sector pérdidas por alrededor de 700 millones de dólares.
Datos de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas revelan que en 2004 se vendieron cerca de 90 millones de discos compactos piratas. La industria tabacalera reporta que ha sufrido pérdidas por casi 600 millones de pesos, por una razón similar. Las compañías fabricantes de vinos y licores calculan que un 30 por ciento del total de sus productos son adulterados. En el ramo de agua embotellada, la piratería equivale al 50 por ciento de lo que se consigue en el mercado. Respecto a la industria del vestido, las bandas dedicadas a la venta de artículos pirata controlan ya un 50 por ciento de la oferta, según empresarios del sector.
De acuerdo con estimaciones de la Alianza contra la piratería (organismo creado por las principales compañías de películas, música, ropa, programas de cómputo, juguetes, calzado y libros), las mermas en estos ramos llegan a cinco mil 299 millones de dólares al año (cerca de una tercera parte de la inversión extranjera directa).
La piratería es considerada como delito grave en el Código federal de procedimientos penales. La ley dictamina que “se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 300 a tres mil días multa (equivalentes a días de salario mínimo) a quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor”.
Los artículos 424 bis y 424 ter del Código penal disponen lo siguiente: “se impondrá prisión de tres a 10 años y de dos mil a 20 mil días multa a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor”.
A tres meses de haberse suscrito el Plan nacional contra la piratería –acordado entre el subprocurador de Delitos federales, de la Procuraduría General de la República (PGR), y miembros de la Alianza contra la piratería–, los empresarios se muestran impotentes ante el tortuguismo de los asambleístas, pues el Congreso de la Unión cuenta con dos iniciativas estancadas: una con 740 días y otra con 538 (hasta la fecha de redacción de este artículo). Ambas proponen dar más facultades a la PGR en la investigación y persecución de oficio de este ilícito, pero los legisladores no han decidido aprobarlas.
La Ley federal de la propiedad industrial dice que para iniciar un proceso de defensa se deben pagar mil 648 pesos y el plazo para resolver es de al menos seis meses. Por desgracia, el proceso puede durar hasta ocho años: dos de resolución en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, dos en el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo, tres o más en un juicio de amparo, y otro plazo no determinado para el pago de daños y perjuicios.
Así las cosas, no parece extraño que México haya obtenido el tercer lugar en el mundo –por debajo de China y Rusia– en producción y comercialización de piratería.
Para algunos, como el titular de Alianza contra la piratería, Roberto Castañeda, la cercanía de los tiempos electorales dificulta aún más la exigencia de los empresarios de erradicar la piratería. Tan solo hay que tomar en cuenta que el sector informal representa un monto por encima del 12 por ciento del producto interno bruto (PIB), cantidad generada por más de 10 millones de personas que viven de la informalidad en nuestro país y crean sindicatos y grupos de poder, los cuales pueden ser la diferencia en las elecciones federales y estatales que se avecinan.
El cómplice, que en ocasiones habita al interior de los hogares mexicanos y a final de cuentas mantiene esta industria, es el consumidor de artículos piratas. Ante esta situación, el Centro de Estudios de Mercadotecnia y Opinión (CEO), de la Universidad de Guadalajara, se dio a la tarea de conocer la percepción de la ciudadanía en general sobre el tema.
El estudio fue aplicado a 300 hombres y mujeres de la zona metropolitana de Guadalajara. Los resultados muestran que 69.8 por ciento de los entrevistados ha adquirido alguna vez un artículo pirata. La música es el producto con mayor porcentaje de compra (31.9 por ciento). En menor proporción, pero con un nivel de aceptación considerable, se encontraron accesorios como lentes y relojes (9.3 por ciento), ropa (9.6 por ciento), calzado (8.3 por ciento) y software (seis por ciento).
La medicina pirata posee un nivel menor de aceptación: 78.4 por ciento nunca ha comprado estos productos, ni los compraría bajo ninguna circunstancia. Para los entrevistados, la piratería constituye un problema mundial (40.9 por ciento), una forma de disfrazar el desempleo (22.6 por ciento) y una oportunidad para adquirir mercancía más barata (20.6 por ciento). Paradójicamente para un 40.9 por ciento de los encuestados, la gente debería dejar de comprar esta clase de artículos, ya que si no existiera demanda, nadie los vendería.
A partir de la información obtenida en el estudio, concluimos que la lucha contra la piratería no solo concierne al gobierno, sino a cada una de las personas involucradas en el círculo vicioso de la oferta y la demanda de esta actividad ilegal. La supervivencia de varias industrias se halla de por medio.
*Investigador de estudios de mercado.
