Percepción de la corrupción e impunidad en México

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Uno de los problemas sociales que se ha posicionado como número uno en México, incluso sobre problemas como pobreza y desigualdad social, es la corrupción, que año con año crece en el sector público. En ese mismo sentido, la impunidad es otro de los problemas que deteriora al país, y se ha mantenido constante, sin cambio alguno desde ya hace mucho tiempo. En consecuencia, los ciudadanos no confían en el sistema de impartición de justicia  y ha  decrecido la credibilidad y legitimidad del Estado. Si bien son temas que ya se han colocado en la agenda pública por parte de la sociedad civil, así como de expertos e investigadores, hasta ahora lo más que se ha hecho es hacerlos evidentes para la opinión pública.

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, México se encuentra en el último lugar entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y ocupa el lugar 95 de 168 países de acuerdo con la lista publicada por Transparencia Internacional. Esto a pesar de que en el país se establecieran los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, que no han hecho un cambio en el indicador global de esta situación.

Muy ligada al índice de la corrupción está la impunidad. Es evidente que la corrupción difícilmente es castigada en México, y los servidores públicos se preocupan más en tratar de ocultar o encubrir los casos de deshonestidad que en descubrirlos.

En el Índice Global de Impunidad (IGI), México ocupa el lugar 58 de 59 países con los mayores niveles de impunidad. En en el país solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos y las dos principales razones por las que no se hace son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad; además se señala que en el país menos del uno por ciento de los delitos son castigados, lo que deja ver los profundos problemas estancados en las instancias de impartición de justicia.

Aunado al problema estructural, resalta un rezago de impartidores de justicia en México: por cada 100 000 habitantes sólo hay 3.5 magistrados o jueces, mientras que el promedio del índice entre los países evaluados es de 16, lo que lleva a que haya un enorme porcentaje de reclusos en los Centros de rehabilitación estatales sin recibir sentencia, con un promedio nacional de 35.7 por ciento.

En el Índice se indica que la “la impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado, como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos”.

Relacionado con esto, han cobrado gran relevancia en los últimos años sucesos como la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Ayotzinapa, las negociaciones detrás de la “Casa Blanca”, el desvío de recursos, el fraude de Oceanografía o el más reciente, del Manglar de Tajamar en Cancún, Quintana Roo, en donde se pretende realizar la construcción de un proyecto inmobiliario poco transparente y que atenta contra el medio ambiente en esa zona, e igual circunstancia se presenta en el caso de la montaña en Puerto Vallarta.

¿Cómo cambiar el escepticismo que impera entre los ciudadanos hacia los sistemas de impartición y procuración de justicia?

A pesar de la prevención y detección de los casos de corrupción de servidores públicos, si no se aplica de manera efectiva la ley para castigar, de poco servirán la creación de más organismos enfocados en estos temas, o que se continúe abriendo procesos de investigación que con el paso del tiempo se pierdan y que no lleven a tiempo a parte. Es indispensable la aplicación de sanciones con fundamento en las leyes, mecanismos indispensables para acabar con la impunidad y evitar que la corrupción siga siendo cosa de todos los días en México.