¿Qué necesitamos las mujeres para que nos hagan caso?, pregunta Marina Olivares. ¿Qué necesitan las mujeres en México para que dejen de acosarlas, violentar sus derechos y matarlas impunemente?, interroga, porque a pesar de alzar la voz, de denunciar, con una valentía poco común, las amenazas y los abusos que recibía por parte de su marido, conoció la indiferencia y la discriminación de género que permean las instituciones en esta materia.
Esta indiferencia provoca que en el país la violencia en contra de la mujer y el feminicidio, sigan en aumento. En el caso de Jalisco, según datos proporcionados por el Instituto Municipal de la Mujer, de 2007 a 2012, las denuncias por violencia familiar aumentaron 83 por ciento; por violación, 35 por ciento, y por feminicidio, 183 por ciento.
En lo que va del año, en el estado se registraron 51 homicidios de mujeres, 10 en abril, pero a pesar de esto, sólo 24 fueron investigados bajo los nuevos protocolos del feminicidio, y apenas seis se han consignado por este delito.
Esta situación en Jalisco se agrava porque no han emitido hasta el momento ninguna orden de protección, no obstante que este mecanismo esté considerado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El caso de Marina es ejemplar. “La violencia en el hogar empezó dos días después de casarnos”, relata. Ocho años después, en 2008, luego de que su marido se había ido de la casa y regresaba a su antojo para acosarla, amenazarla, y que ella había reiteradamente denunciado a la policía las violencias psicológicas y físicas que sufría, decidió separarse. El hombre entonces la amenazó de muerte y casi lo cumple: la golpeó con una piedra en la cabeza y en varias partes del cuerpo, desfigurándole la mitad de la cara. En la Procuraduría, donde fue a denunciar, en lugar de protegerla, le dijeron que sus heridas no eran graves, y que se la pensara bien, porque en fin de cuentas era su marido. Por si no bastara, cuando regresó a la casa, humillada y llena de miedo, su marido se la había quemado. Sólo entonces la policía municipal de Tonalá accedió a las suplicas de Marina, para apresar al hombre.
Sin embargo, el viacrucis siguió: cuando fue a ratificar la denuncia en la Procuraduría, hicieron de todo para que desistiera: “Cuando fui a verlo en los separos, los agentes me decían: ‘Ya ves, lo vas a perdonar. En el fondo ustedes saben porqué les pegamos’”. A cinco años de los hechos, su marido no ha recibido aún una condena por la violencia que ejercía en su contra.Todavía sigue acosándola y amenazándola.
“El caso de Marina es significativo, porque es una sobreviviente a un feminicidio, y puede relatar todo el proceso que vivió, pero hay muchas otras mujeres que ya no pueden contarlo”, dice Guadalupe Ramos, representante en México del Comité de América Latina para la Defensa de la Mujer, Cladem. “Si no se emiten las ordenes de protección, hay una responsabilidad del Estado, porque esto tiene un efecto inmediato en la vida de las mujeres: en la privación de su vida, en el maltrato y en el no acceso a la justicia”.
Un informe del Observatorio Ciudadano sobre el Feminicidio, realizado en 21 estados de la república, revela que en más de 58 mil actos de violencia que reportan 16 autoridades estatales, únicamente se han otorgado cuatro mil órdenes de protección. “Es decir, en menos del siete por ciento de casos de mujeres que denuncian algún tipo de violencia, lo que implica que las mujeres en México se encuentran en una situación de extremo riesgo de muerte, por no ser debidamente protegidas por las autoridades”, explica Rodolfo Domínguez, abogado del mismo observatorio.
Jalisco no otorgó ninguna orden de protección, pese a que, de acuerdo a estadísticas de la Procuraduría de Justicia, las denuncias por violencia en contra de la mujer aumentaron de 2011 a 2012, 63 por ciento. “Esto refleja las deficiencias del estado en la procuración de justicia para atender una problemática tan grave como ésta”, dice Guadalupe Ramos.
A los altos índices de violencia que sufren las mujeres en nuestro estado, explica la representante del Cladem, hay que agregar las mujeres desaparecidas: “Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en desapariciones de personas, pero el primero en desapariciones de mujeres, con 187, en su mayoría estudiantes con un rango de edad entre los 10 y los 17 años”.
Concluye: “Es alarmante. Todos estos temas están relacionados, porque no existen políticas públicas claras que sugieran mecanismos de prevención de la violencia y para atender este problema”.
