Pese a que en México está vigente una legislación de derechos humanos y una Ley Nacional de Víctimas, la reparación del daño es aún el punto más débil para que el Estado mexicano garantice este tipo de derechos, afirmó José de Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG.
En la presentación de la edición 17 de las Jornadas Internacionales de Derecho Procesal, “Los derechos humanos, sociales y culturales”, que se realizaron del 10 al 12 de noviembre, Becerra Ramírez afirmó que la promulgación de esta Ley General de Víctimas sienta las bases normativas para la reparación del daño de quienes son agraviados. “El poder político aceleró esas leyes, pero nos volvemos a encontrar con el reto de su materialización. Es decir, normativamente ya es posible, pero falta que, de forma gradual, vayan asignando los presupuestos para la reparación”, dijo el académico.
Sostuvo que todavía hay elementos a considerar por el Estado para reparar violaciones a derechos humanos como el daño inmaterial, el daño al proyecto de vida y al trabajo cesante que afectan a las víctimas de los casos de Ayotzinapa y Atenco.
Alfonso Jaime Martínez Lazcano, integrante del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, dijo que las reformas en materia de amparo y derechos humanos de 2011 significó una “revolución jurídica” para el país, pero ésta supone retos en materia de difusión y cultura de respeto a los derechos humanos.
En las Jornadas hubo conferencias con especialistas de Colombia, Chile, España, Ecuador, Argentina y Nicaragua sobre tutela de derechos económicos, sociales y culturales; derechos humanos, globalización y medio ambiente; e igualdad entre hombres y mujeres, entre otros.
Como parte de las actividades se homenajeó al Maestro Emérito de esta Casa de Estudio, José Luis Leal Sanabria, por su “huella profesional en la sociedad y en la estructura gubernamental”, declaró José Arturo Vázquez Ortiz, académico del CUCSH.
