La decisión del gobernador Francisco Ramírez Acuña de suspender el aumento a las tarifas del transporte urbano, apenas tocó una parte del gigantesco y complejo problema de este servicio.
Aunque la medida traerá como consecuencia un enorme respaldo social, implica un conflicto con los permisionarios, concesionarios y subrogatarios, que son los verdaderos dueños del transporte público.
En tiempos del gobernador Flavio Romero de Velasco, el gobierno del estado enfrentó una rebelión por parte de la Alianza de Camioneros, por mucho la más poderosa organización camionera que contaba con todo el respaldo de la CTM de Heliodoro Hernández Loza.
Para presionar por un alza en las tarifas, la Alianza prácticamente desquició la ciudad con un paro camionero.
La respuesta de la autoridad estatal fue enérgica. Mediante un decreto, el gobernador autorizó a particulares a que prestaran el servicio de transporte. Bastaba una camioneta o una combi para ser habilitada como vehículo para traslado de pasajeros.
Con esta medida fue reventado el paro, pero al mismo tiempo nació otro problema: los particulares que querían seguir brindando el servicio.
El estado entendió que para no estar en manos de la Alianza de Camioneros, era necesario crear sus propias estructuras de transporte.
Compró entonces la mayoría de las acciones de la empresa Servicios y Transportes y posteriormente crearía el Sistecozome, en que albergaría a aquellos particulares que adquirieron derechos en la contingencia por el enfrentamiento con la Alianza.
Con estas estructuras se convirtió de facto en un contrapeso de las intenciones de la Alianza de Camioneros que controlaba la mayoría y las mejores rutas.
Servicios y Transportes llegó a laborar con cerca de mil unidades y Sistecozome operaba el servicio articulado de trolebuses y luego camiones, con los que daba servicio a colonias de la periferia. Llegó a sumar más de 600.
Sin embargo, una pésima administración de las empresas estatales manejadas con una inclinación política y no exentas de corrupción, dio al traste en el mediano plazo con la operación de las compañías camioneras.
Sistecozome fue perdiendo presencia y achicando su parque vehicular, al tiempo que crecía el servicio subrogado de minibuses, al grado de sumar más de dos mil en la actualidad.
Con un parque de menos de 200 unidades, la mayor parte en pésimas condiciones o en los talleres, Sistecozome terminó ahora como un rector a medias del servicio subrogado, que no es otra cosa que particulares operando la mayor parte del servicio colectivo de transporte de pasajeros.
Servicios y Transportes es un caso parecido. Cuenta con apenas 600 unidades, pero al menos 400 están en los talleres y no pueden ser reparadas.
Con menos de 200 unidades intenta dar servicio a las 38 rutas con que cuenta, algunas de las cuales tienen años sin ser atendidas.
En 1994, Servicios y Transportes contrajo un crédito que fue el tiro de gracia para sus malogradas finanzas.
Primero había contratado un arrendamiento de 200 camiones con una filial de DINA que no pudo con el paquete del mantenimiento a las unidades, y fueron “cayéndose” los camiones.
Aunque SyT pagaba millonarias sumas por el arrendamiento, en una extraña operación la empresa estatal compró la flotilla de camiones que formaban parte del arrendamiento, pese a que muchas de ellas estaban en talleres.
La compra fue pactada en un precio que rebasaba el valor comercial y no tomaba en cuenta la depreciación que registraba el equipo ya en uso.
La empresa estatal pasó a registrar una pesada deuda de más de 200 millones de pesos, que en la actualidad suma ya más de 240 millones de pesos.
Cuando la Auditoría mayor de Hacienda reveló hace unas semanas las irregulares condiciones de los préstamos a Servicios y Transportes, la explicación del gobernador fue que se trataba de un crédito antiguo no contratado en su administración y que sin embargo se ha estado pagando.
Pero lo que la Contaduría señalaba es que en el 2003 SyT recibió préstamos por más de 20 millones de pesos, contraviniendo la constitución, que señala que los préstamos serán siempre para actividades productivas, además de que Servicios y Transportes, por el grado de endeudamiento, no podría garantizar el pago del crédito.
Con este panorama, queda claro que las empresas de transporte del gobierno no están en condiciones de ser los contrapesos en que pretendieron convertirse frente al llamado “pulpo” camionero de la Alianza y otras organizaciones privadas que nacieron, incluidas aquellas que lo hicieron al cobijo de Sistecozome.
Si en estos momentos decidieran un paro la Alianza de Camioneros, Tutsa, Línea La tapatía, servicios camioneros de lujo y los subrogados del Sistecozome y las pocas unidades en la misma situación de Servicios y Transportes, el estado estaría incapacitado de brindar un servicio de emergencia.
La medida de dar reversa al alza de las tarifas del transporte apenas soluciona una parte del problema.
No son pocas las voces que consideran que es el momento adecuado para empujar una verdadera revolución en el transporte urbano, lo que sinceramente me parece imposible.
En el quinto año de gobierno y en vísperas del año electoral, es un hecho que no sucederá.
Francisco Ramírez Acuña, más allá de su paso por Sistecozome, conoce perfectamente las condiciones del transporte descritas en esta columna.
Es más, un empresario con el que guarda cercanía, fue un actor de primera mano en una de las páginas más críticas en la vida de Servicios y Transportes. El sabe de quién se trata.
Por eso, cuando escucho que llaman “pulpos” a las organizaciones del transporte público, lo hacen correctamente.
Lo son aquellas agrupaciones de particulares que medran con los usuarios, pero “pulpos” son también aquellas empresas públicas de transporte cuyos tentáculos se extendieron para beneficiar bolsillos de unos cuantos y que no cumplieron con la misión encomendada.
