Las estrategias de seguridad no pueden ser sinónimo de represión, sino que deben abordarse desde la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. La planeación del desarrollo urbano también habrá de atender estos principios para reducir los entornos hostiles que generan, entre otros fenómenos, desigualdad, rencor social y conductas criminales.
En este sentido se pronunciaron autoridades y especialistas durante la inauguración del Tercer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, organizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) a través del Sistema de Universidad Virtual (UDG Virtual), la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur), la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Coordinación Regional de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas e inglés).
El director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Jesús Becerra Ramírez, afirmó que la coordinación de estas instituciones representa un modelo a seguir, y que la seguridad pública no debe abordarse desde una perspectiva de lucha entre enemigos, sino de forma horizontal y enlazarla con el desarrollo urbano.
María Esther Avelar Álvarez, rectora del SUV, dijo que en los últimos años los grupos del crimen organizado aumentaron sus ganancias y con ello la capacidad de corromper funcionarios. Recordó que la criminalidad y la violencia tienen una raíz multicausal y el éxito de cualquier estrategia requiere de una coordinación entre instituciones, así como de la participación ciudadana.
El procurador de Desarrollo Urbano, Trinidad Padilla López, afirmó que la deficiente planeación de las ciudades genera desigualdad, y por ende rencor social y conductas delictivas. Según diversas encuestas de prevención del delito, en los entornos urbanos los ciudadanos se sienten más inseguros.
Durante la ceremonia Ruth Gabriela Gallardo Vega, titular del Consejo Estatal de Seguridad y la comisionada presidenta del ITEI, Cynthia Cantero Pacheco, se pronunciaron por privilegiar los derechos humanos y estrategias colaborativas e integrales.
El fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, aseguró que a seis meses de que entró en vigor en todo el país el nuevo sistema de justicia penal debe revisarse su eficiencia, pues duelen los casos de delincuentes que salen libres a raíz de una mala aplicación del modelo. El representante de la USAID, Andrés Daniel Quintanar Valencia, afirmó que se requieren estrategias trasversales, ya que las soluciones que tiene un actor, no las tiene otro.
Luego de la inauguración se efectuó el panel sobre Desarrollo Urbano y Seguridad Ciudadana, con la participación de Padilla López, Cristian Rojas, evaluador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, de Tapachula, Chiapas, y Antia Mendoza Bautista, maestra en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Los tres coincidieron en que debe invertirse más en materia de prevención del delito y frenar el fenómeno de mercantilización de las ciudades y de exclusión de los habitantes en la toma de decisiones públicas.
