No es la primera vez que hablo acerca del tema de la formación profesional y el empleo en nuestro país. Por desgracia, las notas que aparecen casi todos los días en los distintos medios de comunicación me hacen volver una y otra vez sobre la falta de oportunidades con que se enfrentan los egresados de las distintas licenciaturas, tanto de instituciones públicas como privadas, al concluir sus estudios.
Hace poco leí sobre el caso de una joven egresada de la carrera de ingeniería en una prestigiada universidad local, que sólo encontró empleo como vendedora de maquinaria industrial, motivo por el cual emigró a Estados Unidos a realizar un doctorado. En ese país se le abrió un mundo de posibilidades, tanto, que concluyó dos doctorados y ahora trabajará en una empresa belga.
El ejemplo es demostrativo de la sistemática pérdida del talento joven formado en las instituciones de educación superior, por la dificultad de acceso al empleo y la mala calidad del que se ofrece. Desgraciadamente, pocos son quienes pueden explorar horizontes más allá de las fronteras, y muchos los que se hunden en la frustración y la desesperanza de un trabajo mal pagado, sin reconocimiento y carente de oportunidades de futuro.
Lo peor es que hemos perdido la sensibilidad para reconocer lo injusto de una situación que vulnera el derecho a un empleo decoroso. Hace apenas dos semanas escuché al rector de una universidad del sureste del país referirse a la contratación de alumnos de su institución por la Sedesol, que recibían cinco mil pesos mensuales por la labor que desarrollaban y satisfecho expresaba que eran “muy buenos para un recién egresado”.
Me pregunto, ¿alguien puede vivir con decoro y sostener a una familia con poco más de dos salarios mínimos al mes?
La situación es aún más dramática para quienes han concluido estudios de doctorado en el país o en el extranjero, sobrecalificados para un empleo “normal” —porque en México las empresas poco invierten en investigación, desarrollo e innovación— y buscan refugio en las universidades, que poco podrán ofrecerles ante la carencia de nuevas plazas de profesores de tiempo completo —consecuencia del envejecimiento de la plantilla académica y los problemas pensionarios— y las restricciones cada vez más severas en los programas federales que antes permitían su incorporación.
A esta dramática realidad se opone la exigencia social de las universidades públicas de admitir cada vez más alumnos en carreras saturadas o en aquellas que se suponen necesarias para el desarrollo del país, o la de incrementar el capital humano de alto nivel con doctorados de calidad; al final, unos y otros egresados se enfrentarán con difíciles condiciones laborales y salarios miserables, porque el mercado no ofrece empleo con salarios justos.
Ante un panorama desalentador para los profesionistas en México, aun para aquellos que han hecho un esfuerzo adicional estudiando un doctorado, es urgente hacer realidad las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuando menciona que: Hoy se precisa de una política moderna de fomento en sectores estratégicos. (…) Una nueva política de fomento económico supone una orientación de Estado para eliminar fallas de mercado que impiden a sectores o regiones alcanzar su máximo potencial.
Respetar y entender la delineación entre actividad privada y gobierno no significa eludir el papel fundamental que el Estado debe desempeñar en crear las condiciones propicias para que florezcan la creatividad y la innovación en la economía, y se fortalezcan las libertades y los derechos de los mexicanos.
Fortalecer la inversión para propiciar una mayor productividad y generar empleos atractivos en que se inserten profesionistas y expertos de alto nivel, seguramente sería un factor para el desarrollo de nuestro país y de una vida con bienestar para los mexicanos.
