Las estrategias suicidas

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Cambiarán los actores políticos, pero difícilmente cambiarán las políticas de fondo que predominan desde hace décadas en el estado en cuanto al manejo del agua, aseguró el académico de la Universidad de Guadalajara, doctor Salvador Peniche Camps, experto en economía ambiental.
A más de dos meses de iniciada la administración de Aristóteles Sandoval en el gobierno de Jalisco, ha destacado su intención de dar marcha atrás a la inundación de las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, con la propuesta de que la cortina de la presa el Zapotillo se mantenga en 80 metros, como originalmente estaba planteada.
“Algunos cambios deberán surgir, pues al haber este reacomodo de actores, se pierden los vínculos naturales que había con Guanajuato en los gobiernos panistas”, dijo el especialista respecto a la construcción de obras que benefician directamente a aquel estado, como la presa el Zapotillo, que abastecerá de agua a la ciudad de León.
No obstante, el académico del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas prevé que las políticas de construcción de mega obras hidráulicas seguirá durante este gobierno, pues se trata de una estrategia aplicada en el ámbito nacional, en la que lo importante es traer agua de donde sea para abastecer a las grandes ciudades.
“Los políticos y los ingenieros octogenarios que llevan las riendas de las ciudades, han encontrado en la construcción de estas grandes obras el negocio de sus vidas, en que se privilegia la oferta, antes que pensar en una correcta utilización del agua”.
En efecto, una de las alternativas que el gobierno del estado presentó ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar la inundación de los tres poblados, es la construcción de tres represas que se ubicarían en los puntos conocidos como Varas Dulces, Loma Larga y Picachos.
Tanto el investigador del CUCEA como otros académicos de la UdeG que conforman la Red de Investigadores Sociales del Agua, han denunciado que dicha estrategia es equivocada y debe cambiarse de inmediato, pues las cuencas que abastecen a la zona metropolitana de Guadalajara están muriendo.
“Estamos hablando de una estrategia suicida, en la que no se habla de sustentabilidad en torno a los ríos a las cuencas. Parece que se trata de un odio inexplicable contra el agua, por los intereses económicos”, dijo Peniche Camps.

El Estado es responsable
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) determinó en noviembre del año pasado, que el Estado mexicano es responsable por la violación de tratados internacionales, así como del ordenamiento jurídico interno, acuerdos que garantizan el derecho de los ciudadanos al agua.
Este dictamen provino en respuesta a la demanda hecha por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México (ANAA) en contra de la Profepa, de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Conagua y la Secretaría de Salud.
“Los demandantes alegan la destrucción progresiva del sistema hídrico nacional. En el curso de los últimos 60 años, la disponibilidad natural media per capita ha disminuido de 17.74 m3 por habitante al año, en 1950, a 4.28 m3 por habitante, en 2008, lo que constituye una reducción efectiva de 75 por ciento”, dice el documento de veredicto expedido por el TLA.
Dentro de las recomendaciones que el tribunal hizo a las nuevas autoridades de los tres niveles de gobierno mexicanos, está la de garantizar el recurso hídrico para beneficio de las personas, antes que los aprovechamientos lucrativos por parte de las empresas.