Las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que tienen como objetivo defender y promover los derechos humanos son, en los últimos años, actores que influyen en la atención de hechos de violencia e injusticia en todo el mundo, gracias a las voces que denuncian lo ocurrido y exigen atención y solución inmediatas. No obstante, hemos observado que estas instituciones son, más que nada, la expresión de solidaridad con las víctimas, porque no pueden intervenir ni ir más allá de la denuncia reiterada, las que las autoridades o entidades de gobierno prefieren no escuchar.
A pesar del robusto marco normativo que indica que en México todos tenemos derechos iguales y que ante cualquier situación de injusticia las instituciones encargadas de velar por ellos serán las primeras en apoyarnos, la realidad es distinta y compleja, pues la brecha entre lo que se dice en la norma y lo que verdaderamente se hace es todavía grande. El resultado de ello es que la sensación de desesperanza crece entre las personas que acuden para hacer valer sus derechos a las instancias responsables de la impartición de justicia, sin obtener ninguna respuesta positiva.
Está claro que la impunidad y la violación de los derechos humanos no son un problema derivado de la falta de normatividad, son más bien el resultado de la falta de voluntad política para que esto no siga sucediendo. El número de desapariciones aumenta cada día, situación que se ha convertido en algo “normal” para los mexicanos. Por desgracia, las autoridades de gobierno son en algunas ocasiones los principales sospechosos de tales hechos. La falta de certeza en las investigaciones relacionadas con las desapariciones forzadas ha contribuido a que no se logre una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos.
En el informe “Situación de los derechos humanos en México”, que fue realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se menciona que el 98 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes, las víctimas señalaron como causa principal de ello que el país vive en una simulación, debido a que se crean los culpables, porque ni siquiera se intenta buscar a los verdaderos responsables del delito y las pocas acciones que se emprenden no tienen ningún tipo de resultados, por lo que muchas veces la víctimas deciden no denunciar, pues no hay confianza en que las instituciones brinden una solución a su situación, o bien, temen las represalias.
Cabe mencionar que en el citado reporte de la CIDH se dice que los crímenes han aumentado, sobre todo aquellos que realizan agentes del Estado, y que a pesar de que son ampliamente reportados en los medios de comunicación, se convierten en casos omisos, donde las instituciones encargadas de hacer justicia sólo determinan que éstos ocurrieron como consecuencia de enfrentamientos entre personal de seguridad pública y los civiles.
El reto actual es disminuir y desaparecer la brecha entre la normatividad vigente y las acciones para sancionar a los delincuentes y mejorar la atención a víctimas, así como promover reformas para cambiar la situación de violaciones a los derechos fundamentales. Las instituciones del Estado deben garantizar a las victimas recursos efectivos y romper el ciclo de personas que se benefician de los problemas como la corrupción, la impunidad y la desigualdad; la lista de pendientes continúa creciendo, con un gran impacto en el deterioro de la sociedad. Sin una institución que realmente impulse un cambio y desempeñe un papel más activo en México, no cambiará la situación.
Exijamos como ciudadanos la garantía de los derechos humanos, y no permitamos que la inseguridad y el miedo sigan propalándose en nuestras comunidades.
