La ley falsificada

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Días atrás, diferentes medios sacaron a la luz la historia de David Herrera Martínez, originario de Guadalajara, sentenciado a cinco años de cárcel porque en 2011 intentó pagar un sombrero de paja con un billete falso de 500 pesos en Ocotlán, Jalisco. Su caso se agrega al de Esperanza Reyes Aguillón, quien cumplía sentencia de cinco años por tratar de comprar una libreta en San Luis Potosí con un billete falso de 100 pesos, también en ese año, pero que finalmente fue liberada anticipadamente la tarde del pasado miércoles, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto diera instrucciones a la Secretaría de Gobernación (SG) para revisar su proceso, a partir de que varias instancias solicitaran el indulto, por considerar que había recibido una pena injusta.

Ambos alegaron no tener conocimiento de la falsedad de la moneda, pero en su momento de nada valió, ante la inflexibilidad de la aplicación de la ley con la que fueron juzgados. De acuerdo a Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, en el país existen más de 100 casos de personas encarceladas en las mismas condiciones, mientras la PGR, habla de 196 casos similares concluidos o en vías de ello.

Estos hechos dejan en claro que el sistema judicial en México tiene deficiencias y contradicciones, ya que no hay orientación ni información de la cantidad de billetes falsos que circulan en el país, por lo que los ciudadanos se encuentran a expensas de ser víctimas de un fraude de este tipo, pero además de sufrir encarcelados injustamente. Así lo cree el investigador de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso, quien señala que no todas las personas cuentan con la capacidad o medios certeros para detectarlos, como sería el caso de las instituciones bancarias o las empresas.

Jiménez Reynoso atribuye la circulación de moneda falsa a la presencia criminal en el país, que la introduce en lugares donde “no es estricta la revisión”, y a que México se encuentra entre los países más corruptos en el ámbito internacional.

Agrega que ahí radica el problema legal para los ciudadanos en general, ya que “hay un hilo muy delgado” en la interpretación jurídica, porque cualquiera que reciba “de buena fe” un billete falso y lo quiera usar, pone en riesgo su libertad, puesto que el código penal establece que la situación se agrava cuando el que lo usa sabe plenamente de ello, pero advierte que no es tan simple acreditar que se tenía este conocimiento, basado muchas veces sólo en dichos.

El académico reconoce que hay vicios en la estructura judicial del país que permiten estas afectaciones a personas inocentes, y refiere que en México el principio de la presunción de inocencia todavía es algo novedoso, y el inculpado debe “probar su inocencia” aun cuando se encuentre en medio de un proceso jurídico.

Agregó que tales problemas podrían eliminarse con el nuevo sistema acusatorio adversarial, que incluye los juicios orales, que permiten a los acusados confrontarse directamente con jueces y acusadores, pero que en Jalisco continúa siendo una iniciativa retrasada. También lamentó que en estas condiciones, en el país la constante es que quien no pueda pagar un buen abogado tiene menos posibilidades de recibir justicia.

El Banco de México dio registro en 2012, de 278 billetes falsos de 50 pesos por millón de piezas; 100 de 200 pesos por millón de piezas; 97 de 500 por millón de piezas y 125 de mil pesos por millón de piezas.

Willy Walter Cortez Yactayo, coordinador de la maestría en economía de la UdeG, señala que en términos macroeconómicos estos datos no representan mucho, pero sí un perjuicio a las personas. También advirtió que las estadísticas se basan en lo detectado por la banca mexicana.

Al no haber más información, “no se sabe la verdadera magnitud” del problema. Por ello la variación en el flujo de moneda falsa en los diferentes años, la que en 2007 alcanzó el mayor índice, de acuerdo a los mismos datos. Esta depende en gran medida de dicha capacidad de detección, que puede ser evadida, sobre todo en temporadas de compras o en la frontera.

También apunta que no es un fenómeno masivo. Concuerda en que el Estado debe promover una mayor concientización y apoyo a los ciudadanos, para que no sean víctimas de la falsificación.

Ya que la falsificación de billete es un delito federal, se persigue de oficio. El Artículo 234 del código penal establece una pena de cinco a 12 años de prisión, así como sanciones económicas, indistintamente de que se produzca, almacene, distribuya o utilice. Salvo el caso de producción, los otros aspectos citados, y sobre todo el de uso, deberá determinarse plenamente que el acusado sabía de ello, reitera Óscar Magallanes de la Rosa, director de Acreditación y Certificación del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Subraya que es el Estado el que tiene la obligación de probarlo ante el juez, lo cual “es subjetivamente difícil”. Si este último no cuenta con elementos definitivos de la deshonestidad de la persona, sino tan sólo el billete, “tendrá que dejarla en libertad”.

Dijo que en estos casos el afectado podría demandar al Estado y pedir resarcimiento de los daños y perjuicios, pero agrega que no hay casos documentados al respecto, porque normalmente la persona liberada y a la que sólo se le pide disculpas, desiste de iniciar otro proceso.

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