Asfixia con bolsas de plástico, toques eléctricos en los genitales, golpes que se amortiguan con toallas húmedas para no dejar moretones y aislamiento por varios días para “ablandar” al detenido, son métodos de “investigación policiaca” que no han podido ser erradicados en Jalisco.
Y no sólo eso, sino que a pesar de que las autoridades han reconocido y lamentado los casos de este tipo, en los hechos no hay ninguna sentencia, a decir de expertos en derechos humanos y académicos consultados por La gaceta.
De acuerdo a los entrevistados, este tema persiste como una asignatura pendiente de las autoridades, en la coyuntura del primer año de la administración estatal.
“Tristemente la Ley Estatal para Prevenir la Tortura, que tipifica esta conducta como delito, pareciera letra muerta. Lo más preocupante es que las autoridades reconocen y saben que esto ocurre, y ni siquiera hay un solo detenido”, lamenta Francisco Macías Medina, especialista del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
En esto coincide María Guadalupe Ramos Ponce, investigadora de la UdeG y representante del Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres): “Los datos al aire de poco sirven si no tenemos de manera efectiva la información de quienes han sido sancionados”.
Reconocimiento oficial
Durante la glosa ciudadana en la que con motivo del primer año de gobierno, líderes jaliscienses compartieron sus inquietudes con miembros del gabinete, el fiscal general, Luis Carlos Nájera, aceptó preocupado que no se ha podido erradicar del todo esta práctica. Aceptó que “lo que decían de la tortura es algo real”.
La ex ombudsman Guadalupe Morfín Otero resaltó varios pendientes: no sólo calificó de grave la vigencia de la tortura como táctica indagatoria, sino que aún falta mucho para que los derechos humanos sean el verdadero eje transversal de todas las políticas públicas en Jalisco.
“La aceptación de que hay tortura me parece gravísima. Yo quisiera que aceptaran que se comprometen a erradicarla definitivamente, por todos los medios posibles”, agregó el pasado 4 de febrero.
Por separado, Ramos Ponce reflexiona en el mismo tono: “Ha sido una práctica constante, primero en la Procuraduría de Justicia y ahora en la Fiscalía. Al tema no se le ha dado suficiente visibilidad, sobre todo para sancionar a quien utiliza la tortura como método de investigación. Quisiera saber cuántos casos se han sancionado, cuántos Ministerios Públicos o policías han sido dados de baja. No tenemos esa información. Sólo palabras, frases que dicen que aumenta o que no se practica, pero eso no nos dice nada”.
Sin sentencias, el fenómeno seguirá
De acuerdo con el “Análisis de la tortura en Jalisco”, elaborado por el Cepad, en los últimos 10 años hubo 803 quejas de tortura ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ). En 2013, se emitieron tres recomendaciones en las que la CEDHJ confirmó los casos de tortura, pero aún así, no detuvieron a nadie por estas conductas.
Francisco Macías Medina, creador del Programa Preventivo contra la Tortura y responsable del proyecto de desarrollo institucional en Cepad, puntualiza: “El solo hecho de aceptarlo, sitúa a Jalisco en una práctica policial de Edad media y que no debe ser admisible en un Estado de derecho, porque esto implica para una autoridad realizar investigación, sancionar, reparar y asegurarse de que eso no vuelva a ocurrir”.
El más reciente Análisis sobre la Tortura, editado por el Cepad, especifica lo siguiente: “Jalisco es una de las 15 entidades, de las 32 de la república, que han emitido una legislación especial en la materia. Falta su armonización respecto a la Convención de Naciones Unidas, la Convención Interamericana y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. En el caso particular en materia de tortura, la entidad está categorizada en un 66.67 por ciento, con ocho de 12 derechos armonizados, según criterios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.
Mientras no haya castigos, concluye Francisco Macías, la ley seguirá como letra muerta y será imposible erradicar la tortura: “En la reciente actualización que hicimos en nuestros estudios para el tema de la tortura, no se han movido los indicadores. En Jalisco tenemos el problema de la práctica reiterada de tratos degradantes de todas las corporaciones policiales. Prueba de ello es la muerte de una persona en Zapopan y de un joven en los separos de Puerto Vallarta. Y segundo, no hay un solo sentenciado ni procesado en tema de tortura. Eso nos coloca como un sistema de justicia que está permitiendo que esa práctica continúe vigente”.
