Aunque a cuenta gotas, los datos sobre las víctimas del innoble episodio de la Guerra sucia de los años 70 en Jalisco, empiezan a aparecer. Entre las novedades: la lista de desaparecidos locales es más grande de lo que se pensaba.
 Gracias al informe que puso disponible en internet la Universidad de Washington, en un enlace vinculado a los Archivos de seguridad nacional de Estados Unidos, y que traduce un borrador de los trabajos de la Fiscalía especial para los movimientos sociales y políticos del pasado, hoy se conoce más sobre este tema, pero la justicia todavía dista de ejercerse en casos concretos. Se espera que la relación sea publicada como documento oficial antes de que termine el sexenio de Vicente Fox.
El investigador universitario, Jorge Regalado, quien obtuvo una de las primeras copias del expediente (el cual consiste en 790 cuartillas), asegura que una de las conclusiones más interesantes son las acciones del Ejército mexicano. Estas aparecen en numerosos pasajes de la descripción, lo que podría demostrar la intervención de dicha institución en los crímenes sucios y desapariciones forzadas en esos años.
Regalado afirma que no muchas de las novedades advertidas en el instrumento pueden procesarse con la atingencia que diera paso a la condena de quienes –hoy aún vivos– pudieran pagar por sus actos, pero el hecho de que se reconozcan es un paso muy importante.
Barrios tapatíos
Para Antonio Olivar Zúñiga, uno de los investigadores más insistentes del tema, la guerrilla local adquiere una base social con la identificación de integrantes de los barrios tapatíos en torno a los ideales de la nueva revolución.
Este juicio se comprueba con el estudio que a la par de otros interesados en el tema, realiza desde hace cuatro años la también investigadora de la Universidad de Guadalajara, Leticia Carrasco Gutiérrez, quien ha centrado una gran parte de sus trabajos profesionales en la desaparición forzada que ocurrió con nueve guerrilleros urbanos del barrio de El Zapote, situado en los linderos de Zapopan y Guadalajara, al poniente de esta ciudad.
El documento de marras modifica la realidad de la Guerra sucia en Jalisco y adquiere otra dimensión, asegura Regalado. “Pero hay que decir que a través de la fiscalía ya se había empezado a solicitar la información. Existen las versiones de que en ese periodo hasta los sótanos de la Presidencia municipal llegaban los primeros detenidos y ahí sufrían las primeras torturas. Entonces, basta saber quiénes eran los jefes policiacos de aquel tiempo para empezar a indagar”.
La información ya ha sido solicitada “y existe más de lo que suponíamos”, añade Regalado, por lo que el documento en cuestión alienta nuevas esperanzas de conocer los hechos a pesar de que el gobierno federal se negó a establecer una Comisión de la verdad.
En el expediente borrador que se publicó en el sitio de la Universidad de Washington, se contabilizan 24 casos de desa-parecidos en Jalisco, pero algunos otros investigadores, como Leticia Carrasco, no se apartan de la lista de 21 que se maneja desde hace algunos años, como un balance “oficial”.
Biografías de la tortura
Leticia Carrasco autora de “La guerrilla en México. El caso de Guadalajara. La Liga comunista 23 de septiembre”, se volcó en dos mil 002 archivos y datos recién desclasificados, junto con el investigador Hugo Velásquez Villa, y propusieron al Instituto Nacional de Investigaciones Políticas de la Revolución Mexicana la indagación de nueve biografías de los guerrilleros de El Zapote. Los nueve jóvenes de esta colonia, enclavada hoy entre Ciudad del Sol, Tepeyac Casino y la Ciudad de los Niños, se unieron a las fuerzas revolucionarias y están dentro de la lista de los desaparecidos tapatíos. El relato de sus acciones “documenta la responsabilidad que el Estado tenía en su política de exterminio a la guerrilla tanto urbana como rural, y la responsabilidad del Ejército y de las corporaciones policiacas y organismos paramilitares creados para este fin”, afirma Carrasco Gutiérrez.
 “No veo todavía un avance en cuanto a la definición de la responsabilidad de las autoridades locales. Hay un trabajo muy lento y sin voluntad de la fiscalía, sin ningún tipo de trabajo efectivo para lo que fue creada”. Carrasco se refiere a la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que funciona como fiscalía para la investigación de la veintena de casos que han sido denunciados localmente.
La especialista advierte sobre el peligro de “alimentar la historia con las mismas fuentes y los mismos prejuicios, lo cual no ayuda al esclarecimiento”. Las fuentes han sido repetitivas en los últimos documentos, incluso vuelven a aparecer en el expediente del borrador de la Fiscalía especial para los movimientos sociales y políticos del pasado.
En Jalisco nunca les ha importado a las autoridades el caso de los desaparecidos, concluye.
