La nueva prórroga en la evaluación y certificación de policías estatales y municipales que decretó el Congreso de la Unión el pasado martes 22 de octubre, viene a confirmar lo que varios especialistas habían advertido: que los procesos están mal diseñados y están a merced de los vaivenes político-partidistas.
Así lo consigna el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Dante Haro Reyes, quien además critica que desde un principio no hubo un cronograma claro y el proceso no estuvo acompañado con estrategias para profesionalizar a los elementos ni fortalecer sus derechos laborales. “Sólo les estamos exigiendo, pero no somos recíprocos”.
Resalta que se tiene que establecer ese cronograma de actividades y respetarlo de forma estricta. De no ser así, se debería difundir qué autoridades lo incumplen y qué sanciones van a tener.
“Aquí en seguridad pública hemos pateado el bote. Decimos: a la siguiente, a la siguiente. Porque se ha visto más desde una visión política que de una visión de Estado. El problema de la seguridad es que como no ha sido medible, no vamos a saber si estamos progresando”, enfatiza.
Esta es la segunda prórroga que senadores y diputados aprueban en un lapso de dos años. A partir de la reforma constitucional de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia se desprende la Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública, que entró en vigor en enero del 2009 y estableció que policías, peritos y agentes del Ministerio Público deben pasar por una serie de controles, por lo que obligaba a estados y municipios a evaluarlos antes del 3 de enero de 2013.
Sin embargo, ante el retraso, se otorgó a principios de este año una prórroga de 10 meses que vencía el 30 octubre. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados, aprobaron una nueva prórroga, ahora de doce meses. El argumento fue la insuficiencia en la realización de las pruebas poligráficas y el riesgo de que 190 mil elementos fueran dados de baja de golpe y porrazo por no haber completado la evaluación.
“Hubo una serie de fallas que yo llamo ‘la herencia maldita del pasado sexenio’, pues presentaron mecanismos de control de confianza mal diseñados y hoy a la luz del tiempo nos están dando la razón. No se puede establecer con la prueba ‘reina’ del polígrafo si un policía es apto o no. Hay una serie de cuestiones que tienen que entrecruzarse y eso es lo que se está reclamando hoy, que los exámenes como están diseñados actualmente no están funcionando para separar a los malos servidores de los que están cumpliendo”, afirma Haro.
Poco más de la mitad de avance
De acuerdo a un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) emitido el 30 de junio, la certificación de los elementos estatales y municipales apenas roza el 63 por ciento. Según el documento, las entidades más rezagadas son Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Jalisco, que según ese reporte tiene un avance del 62 por ciento.
Hasta el momento, 80 mil 937 funcionarios (entre policías y agentes del Ministerio Público) reprobaron los exámenes, es decir el 21 por ciento de los evaluados, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Haro Reyes explica que en los exámenes se preguntaban cuestiones que nada tienen que ver con el desempeño policial, “como la fidelidad con sus parejas sentimentales, en lugar de dar peso a la parte curricular o analizar una congruencia con el ingreso económico y los bienes que tiene. Se tendrán que cambiar más cuestiones, además de que no están todos los que son, ni son todos los que están. Hay gente que ha pasado filtros de control y confianza, y se descubre que no debieron haberlos aprobado y otros lo reprueban sin motivo. Es un mal diseño en el que pagan justos por pecadores”.
El catedrático considera que lo primero que se debió atender fue el asunto de la capacitación y profesionalización de policías y funcionarios.
“Estamos pensando en que los policías pasen los filtros de control y confianza cuando debemos pensar en cuestionamientos más básicos, como la parte de una carrera policial, una profesionalización y sobre todo de derechos fundamentales del policía”.
Y abunda: “Considero que los derechos fundamentales, equipamiento, infraestructura, chalecos, equipo, estabilidad laboral, salud, tienen que manejarse a la par de estos filtros de control y confianza, porque tal parece que sólo les estamos exigiendo sin ser recíprocos. La estructura de derechos es lo que hará fuerte la carrera policial”.
