En diciembre del 2012, a raíz de la reforma política, se planteó la posibilidad de incorporar la figura de la iniciativa ciudadana. Ésta se considera un mecanismo de la democracia directa, a través del cual los ciudadanos tienen el derecho de hacer propuestas de ley al Poder Legislativo que respondan a las necesidades sociales.
La primera iniciativa ciudadana que llegó al congreso de México fue “Internet para Todos”, impulsada por más de diez organizaciones civiles; una de las propuestas más destacadas de la iniciativa consistía en que el gobierno utilizara la red de 21 mil km de la Comisión Federal de Electricidad para proveer de Internet a bajos costos. La iniciativa llegó al Congreso con más de 127 mil firmas y se logró que la Constitución se reformara en el artículo sexto para expresar que los mexicanos tenemos derecho al acceso a Internet. El siguiente paso es esperar que se reglamente la reforma de telecomunicaciones para que se propongan las vías mediante las cuales el Estado facilite y garantice el derecho a internet.
Ahora, ante el panorama de corrupción e impunidad que se vive en el país y que atenta contra el estado de derecho y la credibilidad del gobierno, la sociedad civil organizada presentó hace unos días la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas denominada Ley 3de3, una propuesta que establece “las bases normativas que permitan, en el ámbito administrativo, prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia”.
Se pretende que se haga obligatorio que los funcionarios públicos de todos los estados publiquen su tres de tres (declaración patrimonial, fiscal y de intereses); que en la ley se establecen diez conductas relacionadas con la corrupción que se consideran graves y que se busca erradicar con la iniciativa: 1. Soborno, 2. Peculado, 3. Tráfico de influencia, 4. Abuso de funciones, 5. Enriquecimiento oculto, 6. Obstrucción de la justicia, 7. Colusión, 8. Uso ilegal de información falsa o confidencial, 9. Nepotismo y 10. Conspiración para cometer actos de corrupción. Para que la ley avance y llegue al Congreso es necesario recabar al menos 120 mil firmas, que corresponden al 0.13 por ciento de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral.
La iniciativa de ley aplicaría para los funcionarios de los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos, y en ella se establecen sanciones severas para servidores públicos que realicen actos de corrupción, además de la propuesta de mantener una lista negra de servidores corruptos. Actualmente ya han publicado su tres de tres sólo nueve gobernadores electos en 2015, 16 senadores, 16 alcaldes, 76 diputados federales, 42 diputados locales, 7 jefes delegacionales, sólo 3 partidos políticos y ningún funcionario del gabinete federal.
Conocer también el tres de tres antes de que los funcionarios públicos comiencen con su periodo de trabajo en los órganos autónomos, así como los magistrados de los Tribunales Superiores locales, abriría sin duda la puerta para que haya mejores prácticas y se apliquen sanciones que inhiban actos de corrupción.
Esta iniciativa de Ley seguramente se sumará a la lista de iniciativas ciudadanas que se convierten en movimientos sociales y que llegan al Congreso con el objetivo de transformar el país. Estos movimientos no serían posible sin las tecnologías de información, redes sociales y medios de comunicación, que allanan el camino para que más ciudadanos se sumen a la exigencia de cambio.
Lo que es un hecho es que, además de denunciar los actos de corrupción en las administraciones públicas, los ciudadanos han comenzado a tomar un rol activo en la vida pública del país, mediante propuestas claras enfocadas a la resolución de los problemas que obstaculizan el desarrollo de México.
Mediante las iniciativas ciudadanas se contribuye a la conciliación de la agenda legislativa del Congreso, con las necesidades y preocupaciones principales de los ciudadanos. Ojalá y todos tomemos conciencia de la importancia de participar en estas iniciativas.
