Impunes de hecho

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La legitimidad electoral es motivo de debate no solamente en México sino en buena parte de América Latina e, incluso, en democracias consolidadas que se enfrentan hoy a panoramas cambiantes. Por ello, ése fue el tema central del III Congreso Internacional de Ciencia Política que organizó la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP) y la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Del 15 al 18 de julio, el evento congregó a más de mil asistentes, seiscientos ponentes de distintas latitudes y a los conferencistas magistrales Scott Mainwaring, Rein Taagepera, Susan Stokes y Guy Peters, que abordaron 17 ejes temáticos en torno a los desafíos de la Ciencia Política en el mundo actual.

Este coloquio internacional, “vino a cubrir un hueco en el sentido de que en el campo disciplinar de Ciencia Política no existía un organismo de esta naturaleza. La integran académicos y estudiantes; y aunque es de reciente creación —con tres años de vida— hemos hecho ya tres congresos: el primero en Guanajuato, el segundo en Toluca y el tercero aquí en Guadalajara”, apunta Francisco Aceves, miembro del Comité Académico del coloquio.

En el marco del evento, se presentó el Índice Global de Impunidad 2015, coordinado por Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez de la Universidad de las Américas Puebla, en coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, y presentado por Sergio Mirón Guevara.

Para medir un concepto complejo como el de impunidad, obligó a su definición tomando en cuenta realidades diversas alrededor del mundo, “así que hay que considerar tanto la impunidad de hecho, en la que vemos un no-actuar de las autoridades, bien porque no hay infraestructura o bien por falta de voluntad política, como la impunidad de derecho, cuando la conducta no puede perseguirse porque no está contemplada en los códigos penales”, explicó Mirón Guevara.

Por ende, para tratar de contrastar la percepción social de impunidad, la investigación se nutre de la información que los propios países ofrecen al Consejo de las Naciones Unidas sobre sus índices internos, razón por la cual, por ejemplo, Brasil y Bolivia no figuran en el estudio, dado que no han cedido sus estadísticas.

El estudio arrojó que Filipinas ocupa la última posición, a la que le sigue México en penúltimo, quedando Colombia, Turquía y la Federación Rusa por arriba. Un dato relevante es que la mayoría de países latinoamericanos están por debajo de la media mundial. Por otro lado, Croacia es el país que encabeza la lista de los que cuentan con índices de menor impunidad, seguido de Eslovaquia y República Checa.

“Si bien estos son datos que pueden variar según nos enfoquemos en una variable u otra, en términos de derecho y justicia México es considerado el segundo más impune, por sus fallos en el funcionamiento de los sistemas de justicia, la inseguridad, la violencia y la corrupción”, dijo Mirón Guevara, y destacó que aun así nuestro país muestra voluntad para actualizar su información al respecto y luchar para limpiar el sistema.

México cuenta con un cuerpo de policía suficiente para enfrentarse al delito: 355 por cada 100 mil habitantes (Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con 332), “lo que hace falta es que sus elementos estén mejor preparados” apuntó, y que el número de jueces sea mayor, pues mientras que en Turquía existen 13.5 por cada cien mil habitantes, en la Federación Rusa 20, en Croacia 45 y en Eslovenia 47.5, en México apenas existen 4, superado sólo por Filipinas que cuenta con 2 jueces por cada cien mil habitantes.

En México el 50 por ciento de los perseguidos por razones políticas se encuentran encarcelados mientras que en países como Turquía y la Federación Rusa prácticamente se trata del cien por ciento; un porcentaje similar guardan las desapariciones en nuestro país, razones por las que, de acuerdo al Índice, México debería atender prioritariamente a “la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia”.