Históricamente se ha demostrado que el gobierno queda indefenso ante las presiones y amenazas de grupos organizados por encima del Estado de Derecho.
El caso más reciente, lo protagonizaron los gasolineros del país, quienes sembraron el pánico entre los usuarios con la amenaza de un paro nacional en los establecimientos el pasado 8 de febrero.
El paro de labores no se concretó, pero los empresarios del sector dejaron de manifiesto su poderío económico ante la autoridad federal.
El hecho de que el gobierno ceda a las presiones “no es un caso nuevo ni aislado. Existen historias múltiples, además es el último año de gobierno”, expresó el profesor investigador del Departamento de Economía, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Abelino Torres Montes de Oca.
Uno de los trasfondos de este conflicto es que los propietarios de las gasolineras quieren evitar a toda costa que en el futuro la autoridad los vuelva a presionar hacendaria para que se comprometan a expedir a los usuarios recibos deducibles de impuestos mediante el monedero electrónico.
Con este sistema, las autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tendrían un dominio en la materia y se evitaría el abuso presentado hasta la fecha de la entrega indiscriminada de comprobantes por el consumo de gasolina.
De esta manera la SHCP llevaría “un control de quienes usan este tipo de recibos para justificarlos fiscalmente, así como de los ingresos reales de las gasolineras. Así, Hacienda cerraría la pinza entre el que gasta y el que vende,.Sería muy fácil cruzar los gastos y la cuenta fiscal de uno y otro”.
El segundo trasfondo es que los gasolineros se niegan a ser revisados por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes verifican que los establecimientos entreguen a los consumidores los litros exactos por los que pagan. Esta comprobado que algunas gasolinerías “entregan litros que no son completos”.
Desactivación de la bomba
Luego de una reunión celebrada en la ciudad de México el 7 de febrero pasado entre funcionarios de la Profeco, la SHCP, el SAT, Pemex y los empresarios gasolineros, se acordó que la Profeco continuará con sus revisiones en los establecimientos mediante un “consumidor simulado”, pero no exigirá el documento que certifica el modelo de las bombas para el suministro de gasolina. A decir de los gasolineros, ese certificado compete a los fabricantes, que en su mayoría son extranjeros.
Se realizó una mesa de trabajo para resolver los problemas derivados de los expendios de combustible. Los gasolineros se comprometieron a dar un mejor servicio en la venta de gasolina y crear una agenda junto con Pemex para definir los diferentes alcances del contrato actual.
Será el 22 de febrero cuando los empresarios de este sector tomen nuevas decisiones: volver a amenazar o continuar negociando.
La industria en números
Siete mil establecimientos de gasolina en el país.
380 se encuentran en Jalisco.
De las siete mil gasolinerías, cuatro mil son de reciente creación (últimos cinco años).
50 mil bombas de suministro en el país.
Cada una de las bombas cuesta 20 mil dólares.
Fuente: Unión de Gasolineros de Jalisco, Colima y Nayarit
